El diputado José Luis Espert firmó un contrato de “locación de servicios” con el empresario Federico “Fred” Machado poco antes de lanzarse como candidato presidencial en 2019. El acuerdo fijaba pagos mensuales hasta completar un millón de dólares. Solo se confirmó un pago parcial antes de la paralización por la pandemia.
El 7 de junio de 2019, a quince días de comenzar formalmente su campaña a presidente, José Luis Espert firmó un contrato de asesoramiento económico con Fred Machado, empresario actualmente procesado para ser extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
Este contrato fue hallado durante un allanamiento en la vivienda de Machado y está bajo análisis en la justicia federal, en el marco del proceso de extradición del empresario a los Estados Unidos.
El contrato estipulaba un pago inicial de 100.000 dólares al momento de la firma y nueve cuotas mensuales de igual valor, sumando un millón de dólares en total.
Los pagos debían efectuarse mediante transferencia bancaria dentro de los primeros cinco días de cada mes, sin excepciones, incluso en eventos de fuerza mayor o disposiciones estatales.
El objeto del acuerdo fue asesorar a una empresa minera vinculada a Machado en la reestructuración de deuda, una tarea que Espert confirmó como trabajo profesional en economía.
Sin embargo, el economista declaró que los viajes y tareas se interrumpieron por la pandemia de Covid-19 y afirmó haber recibido hasta ahora solo 200.000 dólares, monto que señalaba haberse cobrado en 2020.
Fred Machado reconoció haber realizado esos pagos, pero no hay evidencia pública de que la totalidad del contrato haya sido cumplida ni saldada.
El documento presenta firmas auténticas y cláusulas que prevén solución de controversias en tribunales ordinarios de Nueva York.
La relación contractual entre Espert y Machado, declarado investigado por delitos graves, genera un debate sobre vínculos políticos y empresariales que deben transparentarse.
El hallazgo y difusión del contrato entre José Luis Espert y Fred Machado pasan a formar parte de una investigación judicial y política de alto impacto que despierta cuestionamientos sobre la transparencia y ética en la política local.
La evolución judicial y explicaciones del legislador serán determinantes para la percepción pública y las repercusiones institucionales.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
