El Gobierno Nacional le cobra al municipio de Bahía Blanca más de 40 millones de pesos mensuales por el alquiler de dos puentes provisionales instalados tras las inundaciones de marzo de 2025. La medida despertó controversia en la ciudad, que atraviesa una difícil recuperación tras el temporal.
La ciudad bonaerense de Bahía Blanca enfrenta un nuevo desafío tras las devastadoras inundaciones del 7 de marzo, producto de un temporal que dejó 18 fallecidos y más de 270.000 vecinos afectados.
Para restablecer la conectividad vial, el Ejército Argentino instaló dos puentes tipo Bailey sobre el canal Maldonado, infraestructura que fue inicialmente cedida en forma gratuita durante 90 días.
Sin embargo, una resolución posterior estableció un convenio de alquiler entre el Gobierno Nacional y la Municipalidad local que excede los 40 millones de pesos mensuales.
El convenio firmado por el municipio, dirigido por el intendente Federico Susbielles, incluye un alquiler mensual de 17,67 millones de pesos por cada uno de los puentes y una suma adicional para mantenimiento y seguro que ronda los 8 millones.
Los puentes tienen una longitud aproximada entre 30 y 36 metros y permiten el tránsito de vehículos livianos con un límite de velocidad de 10 kilómetros por hora, prohibiendo el paso a camiones o vehículos de gran porte.
Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca, informó que esta decisión responde a la necesidad de mantener esta infraestructura básica para la movilidad y evitar su remoción.
Desde el Ministerio de Defensa, Luciana Carrasco explicó que la instalación de los puentes fue inicialmente sin costo para la ciudad, pero que la firma del contrato de alquiler fue solicitada por el municipio para sostener la continuidad del servicio y cubrir los gastos operativos oficiales.
La comunidad local enfrenta así un dilema económico tras una catástrofe natural, lo que pone en evidencia las complejidades en la gestión de recursos en situación de emergencia y la coordinación entre jurisdicciones nacionales y locales.
Además, este conflicto genera un debate necesario sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos y la sostenibilidad financiera de la gestión post desastre.
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