La Asociación de Profesionales y Técnicos exige al Gobierno la aplicación inmediata de la ley, mientras se preparan movilizaciones junto a universitarios y sectores del área de discapacidad.
La Asociación de Profesionales y Técnicos exige al Gobierno la aplicación inmediata de la ley, mientras se preparan movilizaciones junto a universitarios y sectores del área de discapacidad.
Desde las 7 de la mañana de este martes, los trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), llevan adelante un paro de 24 horas en reclamo por la aplicación de la ley de emergencia sanitaria en salud pediátrica. La medida busca visibilizar la grave situación de los hospitales públicos y presionar al Gobierno para que ejecute de inmediato la normativa sancionada por el Congreso.
Pese a que el Ejecutivo promulgó recientemente la ley 27.796 junto a la de financiamiento universitario y la recomposición salarial docente, decidió suspender su aplicación mientras no se definan los recursos en el Presupuesto Nacional 2026, situación que generó un fuerte rechazo del personal de salud del Garrahan y otros sectores vinculados.
Para esta misma jornada, está convocada una marcha a la Plaza de Mayo que integrarán profesionales del hospital, trabajadores universitarios, familiares y empleados del área de discapacidad, exigiendo la aplicación efectiva de estas leyes.
La ley de emergencia pediátrica busca garantizar el acceso a servicios médicos de calidad para niños y niñas, fortalecer hospitales de alta complejidad como el Garrahan, mejorar condiciones laborales y salariales de residentes y profesionales, y priorizar recursos para áreas críticas como neonatología, trasplantes y oncología pediátrica.
El Gobierno, sin embargo, sostiene que no hay partidas disponibles para financiar la norma, alegando la necesidad de que el Congreso defina los fondos correspondientes para hacer efectiva la aplicación. La suspensión de la ley encendió la alarma en el sector sanitario, que advierte sobre un posible deterioro de la atención pública en salud pediátrica.
La Justicia mendocina condenó a 20 años de prisión a la monja Kumiko Kosaka por abusos sexuales contra menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo. La acusada continuará en libertad bajo fianza e inhabilitación hasta que la sentencia quede firme.
La mandataria Laura Fernández removió al canciller Manuel Tovar por no notificarle una reunión del Escudo de las Américas presidida por Donald Trump en la ONU, provocando su ausencia estratégica y la suspensión de su discurso diplomático.
El Gobierno colombiano rompió relaciones diplomáticas con Irán argumentando nexos con el terrorismo, violaciones a los derechos humanos y falta de transparencia en su programa nuclear, sumándose a las medidas restrictivas adoptadas previamente por la administración de Perú.
El primer ministro Mark Carney confirmó que Canadá analizó el riesgo de un eventual ataque militar de EE. UU. ante los comentarios de Donald Trump, en medio de crecientes tensiones comerciales y la reorganización de sus alianzas estratégicas.
En su encuentro en Washington, Xi Jinping instó a Donald Trump a mantener la oposición a la independencia de Taiwán, mientras ambas potencias extendieron la tregua arancelaria y acordaron regular conjuntamente el avance de la inteligencia artificial.
Un juez federal estadounidense obligó a la Casa Blanca a restablecer las credenciales de periodistas de CNN, MS NOW y Politico, argumentando violaciones al debido proceso y descartando que su trabajo representara un riesgo para la seguridad del país.
Durante la mañana de este jueves, un hombre ingresó a un complejo religioso de Jarosław y apuñaló a cinco personas. Un sacerdote falleció en el hospital y el atacante, de nacionalidad ucraniana, permanece bajo custodia policial.
Autoridades judiciales de Deán Funes investigan el hallazgo del cuerpo de un bebé dentro de una bolsa, ocurrido este martes en Villa de María del Río Seco. La Fiscalía analiza historias clínicas locales para lograr identificar al recién nacido.
