En una decisión orientada a fortalecer la atención y asegurar la continuidad de los servicios para personas con discapacidad en todo el país, el gobierno nacional anunció una actualización del nomenclador de prestaciones. Los incrementos oscilarán entre el 29,7% y el 35,4%, aplicables en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025.
La medida fue adoptada tras una resolución administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y contó con la participación del Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. Este ajuste se realiza luego de un período prolongado con mínimas actualizaciones, el último incremento había sido sólo del 0,5% en diciembre de 2024, lo que provocó cortes en servicios, cierres de centros y retrasos en los pagos a profesionales y prestadores.
El nuevo nomenclador nacional es la referencia oficial para los aranceles que perciben las instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención a personas con discapacidad. Entre los beneficiados se encuentran prestadores de internación, transporte especializado, apoyo educativo y laboral, atención médica y programas de rehabilitación, entre otros rubros esenciales.
El Ministerio de Salud, junto con ANDIS, enfatizó que esta política busca dar estabilidad y previsibilidad al sistema de atención, haciendo frente a la inflación y asegurando que los recursos lleguen donde corresponden. Asimismo, se destacó el reconocimiento a los profesionales que trabajan diariamente con personas con discapacidad.
Cabe recordar que la actualización responde también a una orden judicial del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, que obligó a restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas, aunque no se volverán a otorgar estos beneficios a personas privadas de la libertad.
Organizaciones sociales como el Foro Permanente de Discapacidad y otras agrupaciones realizaron marchas y reclamos para exigir un aumento mayor al concedido, solicitando que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece un incremento del 70%.
Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que la medida forma parte de una política de “normalización y previsibilidad” que contrasta con la gestión anterior, impulsando la equidad y transparencia en la asignación de fondos para garantizar la calidad y continuidad de los servicios.
El ajuste en el nomenclador es vital para sostener la red nacional de atención a la discapacidad y brindar respaldo a miles de profesionales e instituciones especializadas durante el próximo año.
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