El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, presentó una denuncia formal contra Ernesto García Maañón, presidente de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, acusado por una funcionaria judicial de acoso sexual, laboral y abuso de poder.
El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, presentó una denuncia formal contra Ernesto García Maañón, presidente de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, acusado por una funcionaria judicial de acoso sexual, laboral y abuso de poder.
El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, denunció ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios a Ernesto García Maañón, presidente de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, por acoso sexual y acoso laboral.
La denuncia fue originada en julio último, presentada por G. B. S., una funcionaria del tribunal, quien detalló diversas situaciones de abuso verbal, acoso mediante mensajes de WhatsApp y actos de intimidación por parte del juez.
La funcionaria relató que la conducta del magistrado afectó su salud emocional y mental, y que sufrió represalias laborales tras rechazar mantener una relación sentimental con García Maañón.
Entre las conductas denunciadas se incluyen comentarios inapropiados sobre su apariencia física, invitaciones fuera del horario laboral, y un episodio donde el juez exhibió su arma en su despacho causando temor.
Además del acoso sexual, la denuncia menciona violencia laboral, abuso de poder, desvío de recursos judiciales y presiones a testigos.
La Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense instruyó un sumario que concluyó que las faltas cometidas ameritaban la destitución del magistrado. En consecuencia, el procurador presentó la denuncia formal.
Ernesto García Maañón presentó su renuncia al cargo el 31 de julio de 2025, aunque esta aún debe ser aceptada por el gobernador Axel Kicillof.
El abogado de la víctima solicitó que no se acepte la renuncia para garantizar que se realice el jury de enjuiciamiento, calificando la aceptación como un posible acto de impunidad que contradeciría las políticas de género promovidas por el gobernador.
El caso sigue bajo investigación penal a cargo del fiscal José Amallo, con gran repercusión en el ámbito judicial bonaerense, y pone en evidencia la necesidad de mecanismos efectivos para abordar denuncias de acoso y garantizar la integridad institucional y los derechos laborales dentro del Poder Judicial.
Este episodio pone en foco el desafío que representa la lucha contra el acoso sexual y laboral en espacios de poder, y la importancia de que la justicia garantice procesos transparentes y efectivos para las víctimas, preservando la confianza pública en las instituciones.
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