Tucumán: Un fallo prohibió a un canal televisivo emitir críticas contra jueces y fiscales

La Justicia de Tucumán prohibió a un canal de televisión emitir críticas a jueces y fiscales durante seis meses. La medida, que responde a una denuncia del jefe de fiscales, fue calificada por la APT como un “atentado directo a la libertad de prensa” y un acto de censura previa.

Poder Judicial de Tucumán. Foto: Poder Judicial de Tucumán

La Justicia de Tucumán ha dictado una polémica medida cautelar que restringe la libertad de prensa, al prohibir a un medio de comunicación emitir críticas contra funcionarios judiciales. La resolución, firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, impide durante un lapso de seis meses al canal Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y a su personal difundir contenidos que “desacrediten o cuestionen” la labor de los fiscales y jueces provinciales. El incumplimiento de la sentencia será sancionado por “desobediencia judicial”.

La denuncia del jefe de fiscales y el “hostigamiento” mediático

La medida surge de una denuncia presentada por el ministro fiscal de la Corte Suprema Provincial, Edmundo Jesús Jiménez, contra Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, director de CCC. Jiménez acusó al medio de llevar a cabo una “campaña pública de hostigamiento y ataque mediático” contra los fiscales alineados con su gestión, en el marco de “causas de alto perfil público”.

El fallo judicial, con fecha del 4 de noviembre, sostiene que el medio compartiría “expresiones tendenciosas, descontextualizadas y maliciosas” con el objetivo de “socavar la confianza pública en la administración de justicia”. La Justicia acusa a CCC de “entorpecer y ofender el ejercicio de funciones públicas, ejercer coacción institucional e incitar a la violencia o al descrédito institucional” a través de su trabajo periodístico.

Un “atentado directo a la libertad de prensa”

La decisión judicial ha provocado una inmediata reacción negativa de los sectores de prensa y de las organizaciones de la sociedad civil, que califican el fallo como un claro acto de censura previa.

  • Asociación de Prensa (APT): la APT de Tucumán fue categórica al afirmar que el fallo constituye “un atentado directo a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada”. La organización recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13) es contundente al prohibir toda clase de censura previa.

  • Foro de Periodismo Argentino (Fopea): Fopea cuestionó la medida, señalando que su aplicación “pondría en riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos de raigambre constitucional”.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se abstuvo de criticar la resolución, asegurando que es respetuoso de las decisiones de otro poder. Sin embargo, afirmó que “hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa”.

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