Sheikh Hasina, ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por un tribunal del país en relación con la represión de manifestaciones masivas que causaron cientos de muertos. La sentencia ha generado condenas internacionales y pedidos de extradición.
Un tribunal de Bangladesh emitió el 17 de noviembre de 2025 una condena a muerte contra Sheikh Hasina, acusada de crímenes contra la humanidad por la violencia ejercida durante las protestas antigubernamentales.
La decisión se fundamenta en datos judiciales vinculados a la represión que dejó más de 800 víctimas fatales durante manifestaciones populares.
Hasina, quien ocupó el cargo de primera ministra entre 2009 y 2014, enfrenta además solicitudes formales de extradición desde Bangladesh hacia India, donde según autoridades locales, estaría refugiada.
Los cargos judiciales acusan a su gestión de ordenar el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes que se oponían a medidas gubernamentales polémicas.
Las manifestaciones comenzaron en 2024 y se extendieron durante varios meses, impulsadas por sectores opositores que denunciaban políticas represivas y falta de diálogo democrático.
Documentos oficiales señalan que, en el operativo de control, fueron muertas 800 personas y cientos resultaron heridas. Expertos internacionales han cuestionado la proporcionalidad y legalidad de las acciones represivas.
El caso ha sido objeto de atención global, dado el impacto humanitario y político que representa para la región. Organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por la escalada de violencia política en Bangladesh.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) lamentó la condena a muerte dictada contra Sheikh Hasina y pidió respetar el debido proceso judicial y los derechos humanos en el país. El organismo llamó al diálogo y a evitar medidas que puedan agudizar la crisis política y social.
Por su parte, India mantiene reservas sobre el pedido de extradición y analiza el marco legal internacional aplicable.
La condena a muerte de una ex primera ministra en Bangladesh representa un caso sin precedentes en la política del sur asiático. Aunque la justicia nacional haya dictado sentencia, la comunidad internacional sigue de cerca los procesos y consecuencias que puedan afectar la estabilidad democrática de la región.
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