Por mayoría, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de la senadora electa Lorena Villaverde, representante de La Libertad Avanza por Río Negro. La definición final sobre su asunción será en la sesión preparatoria del 28 de noviembre, donde el pleno decidirá si la legisladora puede jurar o no.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió un dictamen mayoritario rechazando el diploma de Lorena Villaverde. La votación concluyó con 12 firmas en contra, impulsadas principalmente por el bloque kirchnerista que denunció presuntos vínculos de la legisladora con actividades vinculadas al narcotráfico.
Este rechazo se fundamenta en cuestionamientos éticos y constitucionales que los senadores oficialistas consideran incompatibles con el ejercicio de una banca en el Congreso.
En contraste, la defensa de Villaverde, junto a su partido La Libertad Avanza y aliados como el PRO, rechazaron las acusaciones y denunciaron una maniobra político-mediática para impedir su ingreso al Senado.
Señalaron que tanto el diploma electoral como la validación judicial, incluida una resolución de la Corte Suprema, respaldan plenamente su derecho a asumir la banca ganada en las urnas.
Durante la exposición en la comisión se cruzaron fuertes acusaciones. El presidente del interbloque peronista, José Mayans, acusó directamente a Villaverde de “relaciones con el narcotráfico“, mencionando un episodio en Miami que habría derivado en su expulsión de Estados Unidos.
Por su parte, legisladores opositores pidieron respetar la voluntad popular y evitar cargar el proceso con presunciones no probadas, recordando que no existen causas penales vigentes contra Villaverde en Argentina.
La comisión confeccionó dos dictámenes: uno que respalda a los demás senadores electos y otro, en desacuerdo exclusivo con Villaverde. Sin embargo, esta recomendación no es vinculante. El futuro de la senadora se resolverá en la sesión preparatoria del 28 de noviembre, donde la totalidad de los senadores electos evaluarán y votarán su incorporación.
El escenario plantea incertidumbres, ya que algunos opositores a Villaverde terminarán su mandato antes de esa sesión.
Este caso pone en evidencia una fuerte confrontación política y ética en el Senado, que trasciende el mero formalismo legislativo.
La decisión definitiva abrirá un precedente sobre qué criterios se consideran válidos para permitir o impedir la asunción de un legislador electo, reflejando las tensiones entre el respeto al voto popular y los cuestionamientos éticos que deben regir la función pública.
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