Luciana Ferrari, responsable de acceso en Laboratorios Roche, fue despedida con causa tras ser investigada por su vínculo con maniobras ilegales en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), según el fiscal Franco Picardi.
Luciana Ferrari, responsable de acceso en Laboratorios Roche, fue despedida con causa tras ser investigada por su vínculo con maniobras ilegales en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), según el fiscal Franco Picardi.
Laboratorios Roche tomó la decisión de desvincular con causa a Luciana Ferrari, neuróloga tucumana y responsable de acceso en la empresa, quien se encuentra en la mira de la justicia por su participación en un esquema de presuntos sobornos detectado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según el dictamen fiscal, Ferrari habría actuado como nexo entre droguerías y funcionarios del organismo público, especialmente con Daniel Garbellini, funcionario apartado e imputado, a quien le facilitaría claves de acceso y operaría en el sistema de contrataciones para influir en la adjudicación de licitaciones. Se pudo conocer que estas acciones habrían sido llevadas a cabo desde su posición en Roche, sin autorización de la compañía.
La investigación, encabezada por el fiscal Franco Picardi, señala que Ferrari gestionaba y agrupaba tickets en el sistema integrado de información y administración de prestadores con discapacidad para luego llamar a compulsas, favoreciendo un esquema de direccionamiento irregular de compras públicas.
Se establece además su vínculo con Pablo Atchabahian, único detenido en la causa, quien fue lobbista de droguerías y exfuncionario de ANDIS.
Mensajes telefónicos y de WhatsApp incautados muestran comunicación frecuente entre Ferrari y Garbellini, así como instrucciones para mantener encuentros y maniobras que comprometen directamente a la ejecutiva. Roche, con sede en Suiza, reafirma que estas acciones ocurrieron sin consentimiento ni conocimiento de la empresa.
Este caso expone irregularidades en la gestión de prestaciones asistenciales para personas con discapacidad, situación que afecta la confianza pública y la transparencia de las instituciones involucradas.
La causa sigue abierta, y el desenlace judicial será clave para esclarecer responsabilidades en un entramado que desafía los principios de integridad pública y gestión eficaz de recursos destinados a un sector sensible.
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