Gendarmería Nacional llevó a cabo allanamientos en dos domicilios de la ciudad de Córdoba vinculados a actividades de explotación sexual. Ocho mujeres fueron rescatadas y recibieron asistencia del Programa de Resguardo de Víctimas, mientras que un hombre quedó supeditado a la causa judicial.
La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Córdoba”, bajo la supervisión del Juzgado Federal N° 2 y en coordinación con la Fiscalía Federal, realizó operativos que permitieron identificar y allanar dos inmuebles vinculados a presunta trata de personas con fines de explotación sexual.
Durante los allanamientos, efectivos de la Gendarmería Nacional, acompañados por el Escuadrón 65 “Córdoba”, secuestraron evidencia importante para la causa, que incluye dos armas de fuego, teléfonos celulares, más de 2.800.000 pesos, 200 dólares, además de documentación y anotaciones relacionadas con la investigación.
En total, fueron rescatadas ocho mujeres que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad dentro de los domicilios. Un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Trata de Personas de la Provincia realizó entrevistas a las víctimas, que recibieron asistencia integral y protección dentro del Programa de Resguardo de Víctimas. La identidad de las mujeres permanece resguardada para proteger su integridad.
Un hombre involucrado en la causa quedó en libertad, pero supeditado a la investigación para establecer su responsabilidad en los hechos. Las medidas judiciales forman parte de una serie de acciones del Estado para combatir la trata de personas y garantizar la protección de quienes son víctimas de estas redes delictivas en Córdoba.
Estos procedimientos reflejan el compromiso de las autoridades para intervenir ante señales de explotación y trata, contribuyendo a desarticular estructuras criminales y a ofrecer acompañamiento especializado a las víctimas.
El avance de esta investigación y los operativos coordinados evidencian la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas y los mecanismos de protección para quienes sufren explotación y trata, en un marco de respeto a sus derechos y garantías legales, sin emitir conclusiones definitivas sobre responsabilidades mientras sigue el proceso judicial.
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