La Corte Suprema rechazó recursos de empresarios (Loson, Dragonetti) que buscaban clasificar sus pagos como aportes de campaña. El fallo ratifica que las entregas son coimas (cohecho), obligando a los acusados a enfrentar el juicio oral por corrupción.
El reclamo legal buscaba replicar el éxito de otros empresarios, como Manuel Santos Uribelarrea y Hugo Eurnekian, cuyas causas sí fueron remitidas a la Justicia Electoral, lo que les permitió evitar el juicio oral por corrupción.
La negativa de la corte: el fallo, que lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se fundamentó en que las presentaciones de los empresarios (entre ellos Hugo Dragonetti, Jorge Mauricio Balán y Armando Loson) no se dirigían contra una sentencia definitiva. Esta es la misma respuesta que la Corte dio a más de una treintena de planteos similares desde que el juicio comenzó en noviembre.
La defensa de Armando Loson (titular de la firma Albanesi SA) había sostenido ante el TOF 7 (Tribunal Oral Federal N°7) que los pagos que reconoció haber efectuado se circunscribieron a campañas de 2013 y 2015, y que no implicaron un beneficio personal ni una ventaja para sus empresas.
El precedente clave: la Justicia Electoral había tomado el criterio de que aquellos empresarios que no tenían contratos de obra pública cuando hicieron los supuestos pagos y que declararon que el dinero fue para la campaña, podían ser juzgados en el fuero electoral. Este fue el caso de Hugo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich.
El rechazo final: sin embargo, la Cámara de Casación rechazó los recursos de Dragonetti, Balán y Loson, y la Corte ratificó ese rechazo. El fallo subraya que, en el caso de los grandes contratistas de obra pública, la entrega de dinero es considerada cohecho (un delito penal), y no una mera falta administrativa (propia de la Justicia Electoral). La decisión asegura que los 87 imputados de la megacausa enfrenten el debate oral en Comodoro Py.
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