El juez federal Sebastián Casanello desestimó el pedido de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), para anular la investigación por presunta corrupción en compras de medicamentos y obtener su sobreseimiento. La defensa presentó un peritaje privado que detectó un 65% de probabilidades de manipulación con inteligencia artificial en audios clave de …
Esta resolución se conoció este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, donde el fiscal Franco Picardi impulsa la pesquisa sobre un esquema de sobreprecios y direccionamientos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Casanello rechazó el planteo in límine porque repite argumentos previos de las defensas de la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, ya desestimados.
El exfuncionario, representado por el abogado Mauricio D’Alessandro, alegó ilegalidad en la obtención de las grabaciones subrepticias que destaparon el escándalo, extraídas de un canal de streaming en YouTube.
El peritaje, elaborado por la empresa Graudio Forensics de Madrid, cuestiona la autenticidad de esos audios, pero el juez indicó que su análisis forense se evaluará en la etapa procesal adecuada sin interrumpir la investigación.
Spagnuolo declaró ante Casanello el 18 de noviembre pasado. Se negó a responder preguntas del juez y del fiscal Picardi, limitándose a negar las imputaciones por presuntas coimas del 3% en contratos de medicamentos para prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI).
El exdirector, quien también fue abogado del presidente Javier Milei, calificó la causa como una operación mediática y judicial, y adelantó que aportará más elementos en futuras instancias.
Guadalupe Muñoz, pareja de Miguel Ángel Calvete –otro imputado central en el núcleo financiero de la trama–, se negó a declarar este miércoles ante Casanello.
La fiscalía la acusa de colaborar en el manejo de pagos irregulares mediante manipulación del sistema informático SIIPFIS de la ANDIS. Calvete y Spagnuolo mantenían una relación operativa en el presunto esquema que involucró allanamientos, secuestros de dispositivos y 15 indagatorias en total.
La denuncia inicial llegó el 21 de agosto de 2025 por el abogado Gregorio Dalbón, tras la difusión de los audios. La causa radicó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, bajo secreto de sumario hasta el 18 de septiembre. Incluye a empresarios de droguerías y funcionarios por fraude al Estado en fondos para personas con discapacidad.
La Sala II de la Cámara Federal podría resolver esta semana sobre la validez de las grabaciones, pivotales para las imputaciones.
Picardi evitó mencionarlas en su dictamen de indagatorias para dar independencia a la prueba recolectada, como documentación de contrataciones y movimientos financieros.
Queda por ver si los recursos pendientes alteran el curso de una pesquisa que expone vulnerabilidades en la gestión pública de recursos sensibles.
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