La cámara que agrupa a los distribuidores cuestionó duramente los aportes obligatorios que financian a otras entidades empresariales y exigió una reforma laboral urgente.
La cámara que agrupa a los distribuidores cuestionó duramente los aportes obligatorios que financian a otras entidades empresariales y exigió una reforma laboral urgente.
Un nuevo foco de conflicto se encendió en el cierre del año para el sector mercantil. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su rechazo absoluto a la reciente revisión paritaria acordada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAECyS) y las cámaras empresariales tradicionales (CAC y CAME), denunciando la existencia de “costos ocultos” que asfixian a las PyMEs y fomentan la informalidad.
Mediante un duro comunicado, los mayoristas alertaron que el acuerdo incluye incrementos en aportes obligatorios que no van al bolsillo del trabajador, sino a las arcas de las entidades firmantes. “Encarecen los costos laborales, impactando en la competitividad y trasladándose a los precios que paga el consumidor”, advirtieron.
El nudo del conflicto radica en el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). Según CADAM, los empleadores deben pagar obligatoriamente el 0,5% del salario de cada trabajador para este instituto. Estos fondos, que superan los $30.000 millones anuales, se redistribuyen en gran parte entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y CAME.
“Con cada aumento paritario, se ‘autobenefician’ con mayor recaudación, porque son precisamente los que participan de la mesa paritaria”, dispararon desde CADAM.
La polémica tiene un trasfondo legal reciente. El Decreto 149/2025, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, intentó prohibir estos cobros obligatorios a empresas no afiliadas a las cámaras. Sin embargo, una medida cautelar interpuesta por el INACAP frenó la desregulación, manteniendo vigente el cobro compulsivo.
A esto se suman otros ítems cuestionados: el seguro de retiro “La Estrella” (1,6% del salario) y la “Contribución Solidaria por COVID-19” para la obra social OSECAC, que se sigue cobrando pese al fin de la pandemia.
Ante este escenario, CADAM exigió una reforma laboral urgente que proteja a las PyMEs de estos “abusos” y reclamó ser parte de la mesa de negociación.
“No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”, señalaron, cuestionando al Secretario de Trabajo, Julio Cordero, por no permitirles participar.
El acuerdo cuestionado establece un adicional no remunerativo de $100.000 a pagarse entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, una suma que los mayoristas deberán afrontar mientras pelean contra la estructura de costos del sector.
Patricia Bullrich se queja de que el Gobierno no la consulta sobre la reforma política, aunque después es ella quien tiene que defenderla en el Senado. Mira 2027, pero cree que romper hoy con Milei le puede costar caro.
El indicador de J.P. Morgan saltó impulsado por el alza de tasas globales y la menor acumulación de reservas del BCRA. La escalada complica el programa financiero oficial y encarece el crédito para las provincias y proyectos clave como Vaca Muerta.
El entrenador xeneize fue intervenido quirúrgicamente por dos hernias en la previa del clásico ante Racing. Pese a la indicación médica de hacer reposo, se negó a tomarse licencia, dirigió todas las prácticas y comandó la histórica remontada en la Copa Argentina.
La empresa, que concentra el 90% del tráfico aéreo nacional, administrará las terminales por un cuarto de siglo más. El acuerdo exige desembolsos adicionales por 600 millones de dólares antes de 2031 y contempla una posible prórroga por otros siete años.
La medida apunta a continuar con el proceso privatizador dispuesto en la Ley Bases.
La jueza Capuchetti inició la citación a indagatoria de más de treinta imputados por el Vacunatorio VIP. La fiscalía los acusa de peculado por acceder prioritariamente a dosis contra el COVID-19 destinadas a grupos de riesgo.
Una jueza estadounidense autorizó al fondo Titan Consortium a solicitar embargos contra activos argentinos por US$ 391 millones. La medida responde al impago del laudo arbitral del CIADI por la expropiación de Aerolíneas Argentinas concretada en 2008.
La legisladora Malena Galmarini defendió el viaje en avión privado al Caribe junto a Sergio Massa, atribuyéndolo a un gesto de un empresario cercano. La travesía generó cuestionamientos judiciales por presunta infracción a la Ley de Ética Pública.
