La Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) respaldó la reforma laboral del Gobierno pero exigió cambios drásticos en el cálculo de indemnizaciones y el fin de las retenciones sindicales compulsivas para proteger a las PyMEs.
La Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) respaldó la reforma laboral del Gobierno pero exigió cambios drásticos en el cálculo de indemnizaciones y el fin de las retenciones sindicales compulsivas para proteger a las PyMEs.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) sentó su posición frente a la iniciativa del Poder Ejecutivo con el proyecto de ley de “Modernización laboral”.
Si bien la entidad manifestó su apoyo general a la actualización normativa, presentó un pliego de propuestas concretas destinadas a desactivar lo que denominan la “industria del juicio” y a reducir la carga financiera que implican los aportes sindicales obligatorios.
El punto más crítico señalado por los mayoristas es el método de actualización de las sentencias laborales. Desde la cámara advirtieron que el esquema que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés genera “condenas impagables” que llevan a la quiebra a las PyMEs.
“No estamos de acuerdo con convertir en regla la indexación, porque multiplica los montos de manera desproporcionada”, señalaron, recordando que la indexación está prohibida por la Ley 23.928.
Para solucionar este desajuste, CADAM propone volver al sistema histórico de tasas bancarias (promedio entre activas y pasivas). Según la entidad, esto devolvería la previsibilidad al sistema y evitaría que una demanda laboral termine cerrando una empresa y destruyendo puestos de trabajo.
En un apartado que promete generar tensión con los gremios, los mayoristas pidieron derogar el artículo 9 de la Ley 14.250, que habilita las llamadas “cuotas solidarias”.
Argumentan que estos cobros compulsivos a trabajadores no afiliados y empresas terminan siendo un costo adicional fijado en negociaciones donde muchas compañías no tienen representación real.
Asimismo, solicitaron dejar de funcionar como “agentes de retención”. La propuesta es que los empleadores ya no estén obligados a descontar la cuota sindical del sueldo: “Si un trabajador decide afiliarse, debe pagar directamente a la entidad gremial, que debe encargarse de su cobranza”, enfatizaron. También pidieron que cualquier aporte extraordinario para capacitación o beneficios sea estrictamente voluntario.
Finalmente, para desalentar los litigios sin sustento, propusieron que, ante reclamos exagerados (“plus petición inexcusable”), las costas del juicio sean pagadas solidariamente por el demandante y su abogado, buscando así una mayor responsabilidad en las demandas.
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