El Tribunal Oral Federal 7 avanzó en su audiencia 11 con la lectura de imputaciones por cartelización de obras viales. Empresarios arrepentidos detallaron pagos a funcionarios entre 2003 y 2015. El proceso continúa este jueves en Comodoro Py.
El Tribunal Oral Federal 7 avanzó en su audiencia 11 con la lectura de imputaciones por cartelización de obras viales. Empresarios arrepentidos detallaron pagos a funcionarios entre 2003 y 2015. El proceso continúa este jueves en Comodoro Py.
La audiencia número 11 del juicio por la causa de los cuadernos se centró en el expediente denominado “La Camarita“.
El Tribunal Oral Federal N°7, presidido por el juez Enrique Méndez Signori, supervisó la lectura de las acusaciones presentadas por el fiscal Carlos Stornelli.
La investigación señala una estructura jerárquica destinada a la recaudación de fondos ilegales mediante la cartelización de proyectos de infraestructura civil entre los años 2003 y 2015.
Según la fiscalía, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ocupó la posición superior en el esquema. El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue señalado como el organizador del sistema, mientras que el exsecretario de Obras Públicas José López actuó como coordinador.
Los registros judiciales indican que el financista Ernesto Clarens funcionaba como el nexo operativo para recolectar el dinero proveniente de las empresas constructoras.
El cuerpo de pruebas se fundamenta en las confesiones de empresarios imputados que aceptaron el rol de colaboradores. El fallecido expresidente de la firma Jose J. Chediack S.A., Juan Chediack, relató presiones directas para efectuar pagos.
El empresario declaró que el sistema exigía retornos de entre un 3% y un 20% sobre los montos adjudicados. En su testimonio, detalló que las entregas de efectivo se realizaban mensualmente en la residencia particular de los funcionarios o en oficinas del Ministerio de Planificación.
Por su parte, el presidente de Coarco SA, Patricio Gerbi, describió encuentros con el exfuncionario Claudio Uberti. El imputado colaborador afirmó que existían amenazas de quiebra forzada y bloqueos de pagos contra las compañías que no cumplieran con las exigencias económicas.
Gerbi admitió haber realizado tres entregas anuales de divisas para evitar represalias administrativas que pusieran en riesgo la continuidad de su firma.
La acusación fiscal cuantificó las obras obtenidas por las empresas involucradas. El ex titular de Iecsa, Ángelo Calcaterra, recibió adjudicaciones por $2.899.552.917,97 tras el presunto pago de sobornos.
Asimismo, el empresario Aldo Benito Roggio fue vinculado a 22 obras viales por un valor total de $3.319.941.386. La fiscalía utilizó registros telefónicos para documentar la frecuencia de los contactos entre los empresarios y los encargados de la recaudación.
El sistema permitía que las firmas postulantes ganaran licitaciones sin cumplir con la totalidad de los requisitos legales establecidos. Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, fue señalado como el responsable de diagramar el reparto de los proyectos dentro del sector privado. La actividad de este grupo se mantuvo operativa tras la muerte del expresidente Néstor Kirchner, según consta en las actas leídas durante la jornada judicial.
El proceso continuará este jueves a las 9:00 con la finalización de las lecturas sobre cartelización vial. El tribunal prevé iniciar posteriormente el análisis del expediente referido a irregularidades en los contratos ferroviarios del Estado.
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