La Unidad de Información Financiera detalló ante la justicia un esquema de recaudación ilegal en la obra pública. La querella atribuyó a la expresidenta la recepción de 171 millones de pesos y 613 mil dólares mediante retornos empresarios.
La Unidad de Información Financiera detalló ante la justicia un esquema de recaudación ilegal en la obra pública. La querella atribuyó a la expresidenta la recepción de 171 millones de pesos y 613 mil dólares mediante retornos empresarios.
El Tribunal Oral Federal Número 7 avanzó este jueves en la lectura de las acusaciones dentro del juicio por la causa “Cuadernos”. Durante la audiencia, la Unidad de Información Financiera (UIF) describió el funcionamiento de la denominada “Camarita”, un tramo de la investigación centrado en la cartelización de contratos viales.
Según el organismo, existió un acuerdo entre funcionarios y empresarios para desviar fondos públicos mediante un sistema de pagos ilegales.
La acusación sostuvo que el esquema funcionaba de manera piramidal, con los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner como destinatarios finales. El dinero se recaudaba a través de retornos que oscilaban entre el 10% y el 20% de los anticipos financieros de las obras. En los casos donde no se abonaban anticipos, se fijaban montos equivalentes a los certificados de obra.
De acuerdo con la querella, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, implementó el sistema, mientras que José López coordinaba la ejecución. El financista Ernesto Clarens fue señalado como el recolector del dinero, quien luego entregaba los fondos a Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado presidencial. Clarens aportó a la causa un registro detallado con fechas y montos de las 175 entregas atribuidas a la exmandataria entre 2008 y 2010.
La firma JCR SA, de la familia Relats, fue identificada como la empresa con más pagos registrados, totalizando 40 entregas por 85 millones de pesos. Simultáneamente, el Grupo Relats alquilaba el complejo hotelero Los Sauces a la familia Kirchner.
Según el testimonio del contador Víctor Manzanares, este contrato generó ingresos por 11 millones de dólares en blanco, funcionando como un mecanismo de apalancamiento patrimonial para los exmandatarios.
Asimismo, la justicia analizó el rol de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Se les atribuyen cinco pagos ilegales por 14 millones de pesos realizados a través de la constructora CPC SA. Al igual que el Grupo Relats, López figuró como el principal inquilino de la firma Los Sauces SA, representando el 68% de su facturación total.
El proceso judicial continuará el 23 de diciembre, cuando finalice la lectura de la acusación de la UIF. Posteriormente, el tribunal abordará las presuntas irregularidades en las concesiones de transporte ferroviario y corredores viales.
El juicio busca determinar la responsabilidad de 86 imputados, entre los que se encuentran exfuncionarios de primera línea y decenas de empresarios.
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