El Estado nacional firmó contratos de concesión para cuatro centrales hidroeléctricas en la región del Comahue y recaudará 706,9 millones de dólares clave para el vencimiento de deuda del 9 de enero.
El Estado nacional firmó contratos de concesión para cuatro centrales hidroeléctricas en la región del Comahue y recaudará 706,9 millones de dólares clave para el vencimiento de deuda del 9 de enero.

El Ministerio de Economía formalizó la transferencia de acciones y los contratos de concesión para la operación de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. El proceso licitatorio, que contó con la participación de ocho compañías, garantizó un ingreso de US$ 706,9 millones para las arcas públicas. Las autoridades confirmaron que los complejos mantendrán la titularidad estatal, mientras que la gestión privada se extenderá por las próximas tres décadas.
La firma del acuerdo se llevó a cabo con la presencia de la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck.
Según los pliegos, las empresas adjudicatarias iniciarán una etapa de transición operativa inmediata, que incluye compromisos de inversión y modernización de la infraestructura energética.
El grupo Edison Inversiones, integrado por los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli junto a la firma Inverlat y los hermanos Neuss, obtuvo la operación de Alicurá y Cerros Colorados por un total de US$ 226 millones.
En la compulsa por Alicurá, este grupo superó la oferta de la firma estadounidense AES, que gestionaba la planta anteriormente. Por su parte, la central El Chocón-Arroyito fue adjudicada a BML Inversora, del grupo MSU Green Energy, por un monto de US$ 235,7 millones.
En el caso de Piedra del Águila, la empresa Central Puerto logró renovar su contrato tras ofertar US$ 245 millones. En conjunto, estas cuatro centrales ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén representan una potencia instalada de 4.170 megavatios, cifra que equivale aproximadamente al 10% de la oferta eléctrica total de la Argentina.
El ingreso de estas divisas resulta estratégico para el frente financiero nacional. El próximo 9 de enero, el Tesoro deberá afrontar el pago de US$ 4.200 millones correspondientes a capital e intereses de bonos Globales y Bonares. Según informes privados de Portfolio Personal Inversiones (PPI), los depósitos actuales del Gobierno cubren menos de la mitad de ese compromiso.
Con la suma de los US$ 707 millones provenientes de las hidroeléctricas, el stock de divisas del Tesoro alcanzaría los US$ 2.500 millones. El presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó que el Estado cumplirá con sus obligaciones financieras de enero mediante el uso de efectivo disponible y otras alternativas de financiamiento, como las operaciones de recompra de deuda con bancos internacionales.
El nuevo marco regulatorio establece que, inicialmente, el 95% de la energía producida se destinará al sistema regulado, mientras que el 5% restante podrá venderse de forma libre. Esta proporción cambiará gradualmente hasta que los concesionarios puedan comercializar la totalidad de la producción en el mercado abierto.
Asimismo, las provincias de Río Negro y Neuquén percibirán beneficios directos por la explotación de sus recursos hídricos. El esquema contempla el pago del 12% en concepto de regalías y un canon adicional del 2% que se repartirá equitativamente entre ambas jurisdicciones.
El inicio de este ciclo de gestión privada plantea el interrogante sobre si el ingreso excepcional de divisas será suficiente para estabilizar el frente externo o si la cesión operativa de activos clave es solo un alivio temporal para la balanza fiscal.
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