Federico Sturzenegger ratificó la eliminación de los aportes patronales obligatorios, calificándolos como un canon privado ineficiente. El sector empresarial advierte que la medida desfinanciaría la capacitación técnica de los trabajadores, trasladando ahora esta fuerte disputa económica al ámbito legislativo.
La administración central ha decidido elevar la apuesta en su disputa contra las cúpulas empresariales al confirmar que no retrocederá en la desarticulación del financiamiento automático de las entidades patronales. Federico Sturzenegger, titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, descartó cualquier tipo de consenso con los representantes del sector, a quienes acusó de defender un sistema de recaudación arbitrario que asimiló a un canon privado que debe ser eliminado.
Para el equipo económico de Javier Milei, la supresión de estos cargos fijos representa un alivio necesario para la competitividad y la reducción de gastos operativos en el sector privado. Sturzenegger sostiene que si las prestaciones de las cámaras, como el asesoramiento o la capacitación, son realmente eficientes, los empresarios optarán por abonarlas motu proprio. De esta forma, se busca eliminar una estructura que el oficialismo considera una caja política alimentada por la falta de opciones de los empleadores.
Desde la vereda opuesta, las organizaciones empresariales, con la Cámara de Comercio (CAC) a la cabeza, alertan sobre las consecuencias de este recorte en la formación técnica. Advierten que peligra la continuidad de los cursos gratuitos y subvencionados que hoy se dictan a miles de trabajadores a través de institutos especializados. Asimismo, aseguran que las entidades de menor envergadura, especialmente las PyMEs regionales, quedarían al borde de la quiebra ante la falta de recursos estables para sostener su representación institucional.
Este enfrentamiento ya cuenta con antecedentes en los tribunales, dado que un decreto previo que intentaba implementar esta misma medida fue frenado por una medida cautelar solicitada por el sector mercantil. Ante este obstáculo, el Ejecutivo ha optado por blindar la iniciativa a través de la vía legislativa, modificando la Ley de Convenios Colectivos para que la libertad de aporte sea indiscutible y jerárquicamente superior a cualquier pacto entre partes, afectando a más de veinte rubros industriales y comerciales.
El volumen económico en disputa es masivo, ya que el Gobierno estima que los aportes impactan sobre un universo de más de un millón de asalariados, mientras que las cámaras sostienen que el alcance real es menor debido a la informalidad. Lo que es innegable es que la tensión entre el presidente y sus aliados del mundo empresarial ha llegado a un punto crítico, trasladando ahora el escenario de la discusión final a las comisiones del Palacio Legislativo durante el tratamiento de la Reforma Laboral.
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