La nueva normaeleva drásticamente los pisos de evasión, reduce plazos de prescripción y crea un régimen simplificado donde los contribuyentes quedarán “blindados” ante las inspecciones de ARCA.
La nueva normaeleva drásticamente los pisos de evasión, reduce plazos de prescripción y crea un régimen simplificado donde los contribuyentes quedarán “blindados” ante las inspecciones de ARCA.
En una sesión clave para el programa económico del oficialismo, el Senado de la Nación sancionó este viernes la denominada Ley de Inocencia Fiscal.
Con esta herramienta, el gobierno del presidente Javier Milei busca generar un “puente de plata” para los dólares adquiridos en el mercado informal, fomentando su ingreso al sistema mediante un relajamiento histórico de los controles y las sanciones penales.
El corazón de la ley es la creación de un “Régimen simplificado de Ganancias”. Según detalló el Ejecutivo, aquellos contribuyentes con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos que decidan adherirse quedarán, en palabras oficiales, “blindados para siempre”.
Bajo este esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se limitará a cobrar el impuesto sobre los ingresos facturados, sin investigar el crecimiento patrimonial ni monitorear los gastos.
Al respecto, el artículo 39 de la normativa es contundente al señalar que se “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.
La ley introduce modificaciones profundas en el Régimen Penal Tributario, actualizando montos que habían quedado desfasados por la inflación, pero con una generosidad que ha generado debate.
El piso para que una conducta sea considerada evasión simple saltó de $1.500.000 a $100.000.000. Por su parte, para la evasión agravada, el umbral pasó de 15 millones a 1.000 millones de pesos.
Además de elevar la vara para la persecución penal, la norma otorga beneficios procesales inéditos:
A pesar de este marcado alivio en el control de fondo, la ley endurece las penas de forma para quienes no cumplan con los calendarios administrativos: las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término sufrirán aumentos considerables.
Con esta sanción, el Gobierno apuesta a que la previsibilidad y el perdón fiscal funcionen como el imán definitivo para la repatriación de capitales en el cierre de 2025.
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