El PRO judicializó la designación de auditores en la AGN, denunciando un pacto inconstitucional entre el oficialismo y el kirchnerismo. El bloque de Ritondo impugnó la votación por falta de transparencia y por incumplir los acuerdos políticos previos con el Gobierno.
La relación política entre el macrismo y la administración de Javier Milei atraviesa su fase más crítica tras las recientes designaciones en la Auditoría General de la Nación. El partido liderado por Mauricio Macri ha decidido trasladar la disputa a los tribunales, denunciando que La Libertad Avanza selló un pacto con el kirchnerismo para marginar al bloque amarillo del órgano de control. Esta determinación se formalizó a través de un amparo presentado por Cristian Ritondo, quien sostiene que el procedimiento legislativo estuvo viciado de nulidad desde su origen.
La principal queja del bloque opositor aliado radica en que la votación se llevó a cabo durante la madrugada del 18 de diciembre sin cumplir con los protocolos básicos del Congreso. Según la demanda judicial, no existieron dictámenes de comisión ni se analizaron los perfiles de los candidatos antes de la sesión. Además, el PRO argumenta que el tema no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias, lo que representaría una violación directa a la Constitución Nacional.
Desde el espacio amarillo aseguran que su retiro del recinto durante la votación fue una medida ética para no convalidar un acto que consideran inconstitucional. El comunicado emitido por la fuerza subraya que la terna compuesta por Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti fue el resultado de un acuerdo cerrado previamente entre los libertarios, Unión por la Patria e Innovación Federal. Para el PRO, este movimiento dejó de lado un compromiso previo que supuestamente garantizaba un lugar para el exministro Jorge Triaca en el organismo de control.
El escenario actual plantea un quiebre de confianza profundo entre los dos sectores que, hasta hace poco, actuaban en sintonía legislativa. El PRO enfatiza que no aceptará acuerdos realizados en la sombra y que su rol no es el de cómplice de maniobras que ignoren la transparencia institucional. Mientras la Justicia analiza el recurso de 29 páginas presentado por Ritondo, la tensión política amenaza con trabar futuras negociaciones clave en la Cámara de Diputados, marcando una distancia inédita entre el gobierno y su socio más cercano.
Lula da Silva recurrió a la ironía para desestimar los insultos de Javier Milei, en medio de acusaciones argentinas sobre financiamiento publicitario en su contra. Brasilia reaccionó llamando a consultas a su embajador tras calificar los ataques como inaceptables.
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el cierre de catorce embajadas colombianas. La medida rompe vínculos diplomáticos con Cuba y Nicaragua por motivos ideológicos, y revierte la expansión en África planteada por Gustavo Petro para reducir gastos.
Axel Kicillof respaldó la eliminación de límites a la reelección de intendentes bonaerenses para que la ciudadanía decida en las urnas. La postura provocó el apoyo del peronismo y el rechazo opositor frente a la norma vigente.
El primer ministro británico Andy Burnham se reunió con Volodímir Zelenski y cedió a Ucrania la patente de inhibidores tecnológicos para drones. El acuerdo autoriza la producción local de estos dispositivos para reforzar la defensa frente al despliegue ruso.
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, presentó a los primeros integrantes de su gabinete para el período 2026-2031: Luis Galarreta en la Jefatura de Gabinete, Elmer Cuba en Economía y Carlos Espá en Cancillería. El resto jurará este martes.
Rumania paralizó de forma preventiva la unidad 1 de la central nuclear Cernavoda debido al bajo nivel del río Danubio por la sequía. Para cubrir el déficit eléctrico resultante, el país recurrirá a la importación de energía.
Una misión de la ONU pidió al Gobierno de Venezuela reconsiderar su salida de la Corte Penal Internacional. El organismo advirtió que denunciar el Estatuto de Roma busca eludir la rendición de cuentas y profundiza la impunidad en el país.
Haití fijó para el 13 de diciembre sus primeras elecciones en diez años, incluyendo presidenciales y un referendo constitucional. No obstante, la autoridad electoral advirtió que la votación dependerá de lograr estabilidad ante la violencia de las pandillas.
