El PRO judicializó el reparto de cargos en la AGN

El PRO judicializó la designación de auditores en la AGN, denunciando un pacto inconstitucional entre el oficialismo y el kirchnerismo. El bloque de Ritondo impugnó la votación por falta de transparencia y por incumplir los acuerdos políticos previos con el Gobierno.

Cristian Ritondo. Foto NA

La relación política entre el macrismo y la administración de Javier Milei atraviesa su fase más crítica tras las recientes designaciones en la Auditoría General de la Nación. El partido liderado por Mauricio Macri ha decidido trasladar la disputa a los tribunales, denunciando que La Libertad Avanza selló un pacto con el kirchnerismo para marginar al bloque amarillo del órgano de control. Esta determinación se formalizó a través de un amparo presentado por Cristian Ritondo, quien sostiene que el procedimiento legislativo estuvo viciado de nulidad desde su origen.

La principal queja del bloque opositor aliado radica en que la votación se llevó a cabo durante la madrugada del 18 de diciembre sin cumplir con los protocolos básicos del Congreso. Según la demanda judicial, no existieron dictámenes de comisión ni se analizaron los perfiles de los candidatos antes de la sesión. Además, el PRO argumenta que el tema no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias, lo que representaría una violación directa a la Constitución Nacional.

Desde el espacio amarillo aseguran que su retiro del recinto durante la votación fue una medida ética para no convalidar un acto que consideran inconstitucional. El comunicado emitido por la fuerza subraya que la terna compuesta por Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti fue el resultado de un acuerdo cerrado previamente entre los libertarios, Unión por la Patria e Innovación Federal. Para el PRO, este movimiento dejó de lado un compromiso previo que supuestamente garantizaba un lugar para el exministro Jorge Triaca en el organismo de control.

El escenario actual plantea un quiebre de confianza profundo entre los dos sectores que, hasta hace poco, actuaban en sintonía legislativa. El PRO enfatiza que no aceptará acuerdos realizados en la sombra y que su rol no es el de cómplice de maniobras que ignoren la transparencia institucional. Mientras la Justicia analiza el recurso de 29 páginas presentado por Ritondo, la tensión política amenaza con trabar futuras negociaciones clave en la Cámara de Diputados, marcando una distancia inédita entre el gobierno y su socio más cercano.

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