La Justicia avanza en la investigación contra un empresario acusado de abusos a menores del Colegio Palermo Chico. Durante la feria judicial se tomarán nuevas declaraciones, mientras el imputado sigue en libertad y se analizan pruebas digitales secuestradas.
La causa que involucra a Marcelo Porcel, señalado por presuntos abusos contra estudiantes vinculados al Colegio Palermo Chico, sumó un nuevo avance procesal. El fiscal Pablo Turano pidió que se realicen entrevistas en Cámara Gesell a dos menores que todavía no fueron escuchados por equipos especializados, un paso habitual en expedientes donde hay niños y adolescentes involucrados.
De acuerdo a lo que surge del expediente, existe la posibilidad de que una tercera víctima se incorpore a esta instancia. Hasta el momento, el proceso cuenta con siete personas constituidas como querellantes y un denunciante adicional.
La investigación apunta a determinar si el acusado habría cometido delitos contra al menos nueve chicos, entre ellos dos hermanos, todos compañeros de los hijos del empresario. Según la hipótesis fiscal, los episodios habrían seguido un patrón repetido, basado en generar cercanía tanto con los menores como con sus familias.
La denuncia inicial se presentó en julio de 2024. Allí se indicó que los adolescentes eran convocados a encuentros en un departamento ubicado en la calle Godoy Cruz y en una oficina sobre la avenida del Libertador, en la zona de Retiro, donde se realizaban reuniones sociales.
Siempre según la acusación, los hechos habrían ocurrido en forma reiterada entre 2022 y 2024, sin que hasta ahora se haya podido establecer cuántas veces se repitieron. En esos encuentros, de acuerdo a los testimonios incorporados, se les ofrecían bebidas alcohólicas y se proponían juegos y desafíos con recompensas económicas, en un contexto que derivaba en situaciones inapropiadas. Algunas víctimas también relataron contactos físicos indebidos durante supuestas actividades recreativas o deportivas.
A más de un año del inicio del expediente, Porcel, de 51 años, designó un nuevo abogado defensor. El caso está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 y es supervisado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Bruniard.
El cambio de defensa coincidió con un episodio que generó reproches judiciales: el imputado regresó antes de lo previsto de un viaje a Punta del Este sin notificarlo. Ante esa omisión, el juez le ordenó fijar domicilio en un plazo de 24 horas, requisito que cumplió el mismo día.
Si bien Porcel aún no fue indagado, tiene la obligación de informar cada desplazamiento que realice. El incumplimiento de estas pautas podría afectar su situación procesal. Hasta ahora, ya se le señalaron dos faltas.
La primera fue detectada por la querella, lo que motivó un pedido de detención presentado por el abogado de las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, el 15 de diciembre. En ese planteo se indicó que el empresario se había mudado de la vivienda que había declarado ante la Justicia sin comunicarlo previamente.
El fiscal no acompañó el pedido de arresto y, días después, Porcel viajó a Uruguay para asistir a un evento familiar. Aunque había informado que regresaría el 5 de enero, volvió el 19 de diciembre sin avisar. En otros viajes posteriores al exterior, a destinos como Costa Rica y países de Europa, sí contó con autorización judicial y cumplió con los requisitos impuestos.
Desde el comienzo del proceso, el juez dispuso una prohibición de acercamiento de 300 metros respecto de las víctimas, del colegio y del club GEBA, donde los menores realizan actividades deportivas.
También se ordenaron allanamientos en propiedades y oficinas del imputado, con el secuestro de dispositivos electrónicos. En el análisis de dos teléfonos celulares, peritos especializados detectaron material que podría ser relevante para la causa.
Según fuentes judiciales, se trata de equipos marca Xiaomi incautados en septiembre de 2024 en el domicilio de Godoy Cruz al 3000, en el barrio de Palermo. Un experto de la División Análisis y Pericias Tecnológicas seleccionó cinco imágenes que consideró vinculadas al expediente.
Parte de ese material fue reconocido por una de las víctimas y por sus padres, quienes participan como querellantes. De acuerdo a la identificación realizada, las imágenes corresponderían a un baño del departamento donde los menores solían quedarse a dormir.
En el segundo teléfono analizado, el perito también encontró otras tres imágenes de personas que aparentarían ser menores de edad y que podrían tener relación con los hechos investigados. La causa continúa en etapa de instrucción, a la espera de nuevas declaraciones y medidas probatorias.
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