El presidente Daniel Noboa decretó la medida en nueve provincias y tres distritos ante el incremento de homicidios. La disposición, que rige por sesenta días, suspende derechos fundamentales para combatir el crimen organizado y la grave conmoción interna.
El Poder Ejecutivo de Ecuador oficializó el Decreto 277 el pasado 31 de diciembre, estableciendo un nuevo estado de excepción en gran parte del territorio nacional. La medida respondió a una escalada de violencia que posicionó al 2025 como el año más sangriento en la historia del país, con una cifra superior a 8.300 muertes violentas. Esta decisión administrativa abarcó las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas y La Concordia.
La disposición gubernamental también incluyó a los cantones de Camilo Ponce Enríquez, La Maná y Echeandía. Según el documento oficial, la declaratoria se fundamentó en la existencia de una grave conmoción interna y la persistencia de grupos de delincuencia organizada. Durante los sesenta días de vigencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedaron facultadas para realizar registros y movilizaciones sin orden judicial previa.
La firma del decreto implicó la suspensión de los derechos de inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en las zonas señaladas. El primer mandatario Daniel Noboa justificó la intensificación del control militar debido a que las estructuras criminales sofisticaron sus métodos de ataque y diversificaron sus rentas ilícitas.
Paralelamente, el gobierno mantuvo la clasificación de “conflicto armado interno”, lo que permitió que las fuerzas estatales operaran bajo reglas de combate contra 22 grupos identificados como terroristas.
Este nuevo periodo de excepcionalidad coincidió con el inicio de la licencia presidencial de Daniel Noboa para participar en la campaña electoral de 2026. La vicepresidenta encargada, María José Pinto, asumió la conducción del Estado en un contexto donde la tasa de homicidios alcanzó los 52 por cada 100.000 habitantes. El Ministerio del Interior informó que el despliegue se concentró en los puertos y zonas mineras, puntos críticos para el tráfico de sustancias y minerales.
A pesar de la reiteración de estas medidas extraordinarias durante los últimos dos años, los indicadores de inseguridad mostraron una resistencia a la baja en provincias como Guayas y Manabí.
El Ejecutivo argumentó que la presencia militar en las calles resultó necesaria para contener las represalias de las bandas tras las intervenciones en los centros penitenciarios. Los operativos se enfocaron en la desarticulación de nodos logísticos y el decomiso de armamento de alto calibre en las zonas fronterizas.
La implementación del decreto deberá ser evaluada por la Corte Constitucional, organismo que en ocasiones anteriores limitó el alcance territorial de estas suspensiones de derechos. Mientras tanto, la ciudadanía observó un incremento de patrullajes en las principales avenidas y sectores comerciales de las provincias intervenidas.
El uso recurrente de estados de excepción planteó una interrogante sobre la efectividad a largo plazo de las políticas de seguridad actuales. Si la violencia persiste tras meses de control militar, ¿constituye la excepcionalidad una solución real o se transformó en una estrategia de gestión cotidiana que no logra abordar las raíces estructurales del conflicto?
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