La economía argentina parece haber encontrado un respiro tras casi una década de escalada ininterrumpida de precios. Los datos preliminares del último mes del año indican que la inflación de diciembre se ubicaría en torno al 2,8%, logrando cerrar un 2025 histórico con un acumulado anual de aproximadamente el 45%, cifra significativamente inferior al 211% registrado apenas dos años atrás. Este descenso no es un hecho aislado, sino el resultado de un estricto programa de equilibrio fiscal y una base monetaria que logró anclar las expectativas, permitiendo una previsibilidad que el mercado local desconocía desde 2018.
El análisis de los rubros revela que los alimentos y bebidas, motores históricos de la suba de precios, han mostrado una variación mensual inferior al 2% en el último trimestre. Si bien el impacto de los servicios públicos, con subas autorizadas del 12% promedio en energía, evitó una caída aún más pronunciada del índice general, el IPC Núcleo se mantuvo en niveles que los analistas califican como “manejables”. Este escenario permite que el salario real del sector privado formal ensaye una recuperación técnica tras años de erosión constante, aunque la sensación de alivio en el consumo masivo, que cayó un 6% interanual, todavía sea moderada.
No obstante, esta cifra invita a una reflexión sobre los costos sociales y productivos del proceso de desinflación. Para alcanzar este mínimo registro inflacionario en ocho años, la economía debió transitar un camino de fuerte enfriamiento y una reestructuración de los precios relativos que aún genera tensiones. La pregunta que circula en los despachos oficiales es si esta baja es sostenible con un crecimiento del PBI proyectado en solo 1,5%, o si se trata de una meseta temporal producto de la caída en el nivel de actividad que caracterizó la primera mitad del año.
Desde el sector privado, el optimismo es cauteloso. Las cámaras empresariales destacan que la reducción de la inflación facilita la planificación de inversiones y la baja de tasas de interés, que hoy promedian el 35% anual para créditos productivos. Sin embargo, advierten que la presión impositiva sigue siendo una asignatura pendiente que impide una baja mayor en los costos finales. La desinflación, por sí sola, es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar una estabilidad duradera en el tejido social y productivo del país.
El cierre de 2025 se presenta como un examen aprobado para el equipo económico, pero con desafíos latentes para 2026. Haber perforado los pisos inflacionarios de los últimos ocho años es un hito técnico innegable. El reto del nuevo año será transformar este éxito estadístico del 45% anual en bienestar palpable, logrando que la baja de precios sea el cimiento de una expansión económica que logre integrar a los sectores que quedaron rezagados durante la transición.