Tras incautar dos petroleros, Donald Trump advirtió que el control sobre Venezuela podría extenderse años. Bajo un plan de tres fases liderado por Marco Rubio, Washington busca evitar un “caos somalí”, priorizando la seguridad energética y el desmantelamiento del narcotráfico. El mandatario admitió que su mayor temor es un colapso total del país.
El tablero venezolano ha dejado de ser una cuestión de diplomacia regional para convertirse en un expediente de administración directa desde la Casa Blanca. En sus declaraciones más recientes, el presidente Donald Trump enfrió las expectativas de una salida democrática inmediata, sugiriendo que la presencia y el control estadounidense podrían superar ampliamente el año de duración. “Podríamos controlar Venezuela mucho más que un año”, sentenció el mandatario, revelando que su mayor temor antes de ordenar la intervención no fue la resistencia militar, sino la posibilidad de que el país se transformara en un Estado fallido ingobernable, similar a un “escenario somalí” en pleno corazón del Caribe.
La ofensiva se materializó con la captura de dos piezas clave de la denominada “flota oscura”. El Marinera, un buque de bandera rusa, fue interceptado en el Atlántico Norte tras una persecución de tres semanas que incluyó la sombra de un submarino del Kremlin, en un claro desafío al derecho internacional de navegación. Casi en simultáneo, el M/T Sophia, que navegaba bajo bandera falsa en el Caribe, fue abordado sin incidentes. Para la Casa Blanca, estas naves no son solo barcos mercantes, sino activos incautados que pasarán a formar parte de un fondo de comercialización gestionado por el Departamento de Energía.
Este despliegue forma parte de la Fase 1 del plan de Rubio, centrada en la “estabilización” para evitar que el país derive en un caos absoluto. Sin embargo, la letra chica del plan revela un control total: la portavoz Karoline Leavitt fue contundente al afirmar que las decisiones de la administración interina de Delcy Rodríguez serán, en realidad, dictadas desde las oficinas de Washington. Esta situación ha llevado a analistas internacionales a calificar la realidad venezolana como un tutelaje militar y económico, donde el derecho internacional ha cedido ante la ley del más fuerte en la zona de influencia histórica de los Estados Unidos.
La respuesta de Rusia no se hizo esperar, calificando la intercepción del Marinera como un acto “ilegal” que viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. No obstante, en la visión pragmática de Trump, la geopolítica se mide en barriles y presupuestos: el mandatario ya anunció un aumento del 50% en el gasto militar para 2027, blindando la capacidad operativa para mantener este cerco sobre el Caribe. La “Operación Lanza del Sur” ya cuenta con cuatro petroleros confiscados, enviando un mensaje letal a cualquier potencia que intente desafiar el embargo.
Mientras las petroleras estadounidenses se preparan para desembarcar en suelo venezolano bajo licitaciones especiales, el país entra en un periodo de soberanía delegada. La promesa de una “transición política” queda postergada para una tercera fase sin fecha cierta, priorizando primero una reconstrucción económica que, paradójicamente, beneficia principalmente a la industria norteamericana.
Para Venezuela, el futuro inmediato no se decide en Caracas, sino en los balances financieros de Washington, donde el crudo es la moneda de cambio por una estabilidad impuesta por la fuerza.
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