Un informe de la UCA revela las fuertes disparidades en la evolución del poder adquisitivo durante la gestión actual. Mientras la AUH y las tarjetas alimentarias muestran una recuperación real, los salarios del sector público y las jubilaciones mínimas experimentan un retroceso que profundiza la brecha social en los sectores medios.
El análisis del consumo y los ingresos en Argentina ha dejado de ser una cuestión de promedios para convertirse en un estudio de segmentos ganadores y perdedores. Según el último relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la dinámica del poder adquisitivo en la era de Javier Milei presenta una paradoja central: la red de contención para los sectores más vulnerables ha logrado ganarle a la inflación, pero la clase media asalariada y los empleados del Estado continúan en una pendiente negativa. Este fenómeno redibuja las jerarquías económicas y plantea un dilema sobre la sostenibilidad social del ajuste fiscal.
El dato más disruptivo del informe señala que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar han registrado un incremento real en su capacidad de compra. Esto se debe a las actualizaciones discrecionales por encima del índice de precios que el Ejecutivo implementó para mitigar el impacto de la devaluación inicial. Sin embargo, esta mejora en la base de la pirámide contrasta drásticamente con la situación de los empleados estatales, cuyos haberes han sufrido un deterioro que los sitúa entre los más castigados por la licuación salarial, junto a los docentes y el personal de salud.
Para el profesional o el trabajador independiente mayor de 30 años, la sensación térmica de la economía no coincide con los indicadores de alivio oficial. El estudio advierte que la clase media baja es la que más ha visto restringido su consumo, debido a que no recibe asistencia directa del Estado y sus ingresos paritarios suelen correr por detrás de la inflación de servicios. Las jubilaciones, por su parte, muestran un comportamiento errático: mientras que los bonos sostuvieron a la mínima, quienes no perciben el extra sufrieron una pérdida de poder de compra que afecta directamente la calidad de vida de los adultos mayores.
La contradicción de este modelo reside en el ahorro forzoso de las familias. El informe de la UCA destaca que el consumo masivo se ha estabilizado en niveles bajos, pero con un cambio de hábitos hacia segundas marcas y la eliminación de gastos discrecionales. Esta “supervivencia” económica refleja una sociedad resiliente pero agotada por la falta de un horizonte claro de recomposición patrimonial. La brecha entre quienes reciben transferencias directas y quienes dependen exclusivamente de un mercado laboral que no repunta en salarios reales es la nueva frontera de la desigualdad en 2026.
Hacia adelante, el desafío del Gobierno será transformar la estabilización financiera en una mejora palpable para el sector privado y el empleo público. Sin una recuperación de los salarios reales, la paz social lograda a través de los subsidios a la indigencia podría verse comprometida por el descontento de los sectores productivos. El “insumo” de la paciencia social es un recurso finito y, como indica la UCA, la distorsión de los ingresos es un semáforo amarillo que la política no puede ignorar mientras celebra el equilibrio de las cuentas públicas.
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