La líder de la Agrupación Nacional comparece desde este martes en París por el desvío de fondos europeos, un proceso clave que definirá su posible candidatura presidencial para 2027 bajo sospechas de injerencia estadounidense sobre el tribunal.
La líder de la Agrupación Nacional comparece desde este martes en París por el desvío de fondos europeos, un proceso clave que definirá su posible candidatura presidencial para 2027 bajo sospechas de injerencia estadounidense sobre el tribunal.
El Tribunal de Apelación de París inició este 13 de enero de 2026 el proceso judicial contra Marine Le Pen y otros 12 acusados por la presunta malversación de fondos del Parlamento Europeo.
La instancia busca revisar la condena dictada en marzo pasado, que impuso a la dirigente cinco años de inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos. El resultado, previsto para antes del verano, determinará si la principal figura de la derecha francesa puede competir en las elecciones presidenciales de 2027.
La justicia francesa sostiene que, entre 2004 y 2016, Le Pen y un grupo de colaboradores del entonces Frente Nacional utilizaron fondos destinados al pago de asistentes parlamentarios en Estrasburgo para financiar actividades operativas del partido en Francia. Según el fallo de primera instancia, este mecanismo causó un perjuicio de 3,2 millones de euros a las arcas públicas europeas.
El abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, subrayó que la institución es la víctima directa de este sistema, rechazando la retórica de persecución política utilizada por la defensa.
Los magistrados determinaron en su momento que no se trataba de errores administrativos, sino de un desvío deliberado para aliviar las finanzas de la formación política. Junto a la inhabilitación, Le Pen recibió una condena de cuatro años de prisión y una multa de 100.000 euros.
El juicio se desarrolla en un contexto de fricción diplomática. El presidente del Tribunal Judicial de París, Peimane Ghaleh-Marzban, advirtió sobre una posible injerencia inaceptable tras reportes del semanario alemán Der Spiegel. Según esta publicación, la administración de Donald Trump habría evaluado sanciones contra los jueces franceses involucrados en la condena original, calificando el proceso como una “caza de brujas”.
Aunque el gobierno francés, a través de su portavoz Maud Bregeon, señaló que las sospechas de intervención estadounidense no están probadas, el poder judicial mantiene una postura de vigilancia. Por su parte, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Sarah B. Rogers, desmintió estas versiones en redes sociales, calificándolas de desinformación.
La inhabilitación inmediata es el nudo central de la apelación. Si el tribunal mantiene la sentencia, Le Pen quedaría excluida de la próxima contienda presidencial. No obstante, la defensa podría recurrir ante la Corte de Casación. Su presidente, Christophe Soulard, indicó que el tribunal máximo se organizaría para emitir un fallo con rapidez antes de los comicios si fuera necesario.
En caso de un resultado adverso definitivo, el partido cuenta con Jordan Bardella como alternativa. El actual presidente de la Agrupación Nacional, de 30 años, lidera las encuestas de opinión, lo que plantea un escenario de sucesión ordenada. La resolución final de este proceso marcará un precedente sobre el uso de fondos públicos y la independencia judicial frente a presiones internacionales.
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