El INDEC oficializó un IPC del 2,8% para diciembre, cerrando el 2025 con un acumulado anual del 31,5%. Si bien la cifra representa el nivel más bajo en ocho años, la gestión económica enfrenta el reto de consolidar este proceso sin profundizar la pérdida del poder adquisitivo en sectores clave.
La publicación del índice de precios de diciembre marca un hito estadístico para la administración de Javier Milei. Por primera vez desde 2017, la Argentina logra salir de la zona de peligro de las tres cifras para instalarse en una dinámica de precios más previsible. El 31,5% anual es, sin dudas, un dato que el mercado recibe con alivio tras el 211% de 2023 y el 117% de 2024. Sin embargo, detrás de este número que celebra el oficialismo, subyace un debate complejo sobre los métodos y los costos sociales de este “frenazo” inflacionario.
Desde una perspectiva técnica, el programa basado en el “ancla” fiscal y el cese de la emisión monetaria ha demostrado ser eficaz para reducir la velocidad de los precios. El Gobierno logró que el IPC convergiera hacia el ritmo del crawling peg (devaluación controlada), un objetivo que muchos analistas consideraban inalcanzable a principios de año. No obstante, críticos y sectores industriales advierten que esta baja se explica, en parte, por una fuerte contracción del consumo interno. La caída de las ventas minoristas y la parálisis en rubros como la construcción han funcionado como un refrigerante “forzado” para los precios, planteando dudas sobre la sostenibilidad del modelo si no se recupera la actividad.
Otro punto de fricción es la recomposición de precios relativos. Si bien el índice general bajó, las tarifas de servicios públicos, el transporte y las prepagas han corrido muy por encima del promedio, impactando de lleno en la clase media. Para los sectores más vulnerables, la inflación en alimentos —que mostró una mayor calma en el último trimestre— sigue siendo un terreno sensible donde la recuperación del salario real todavía no se siente con la misma fuerza que el optimismo de las planillas de Excel del Ministerio de Economía.
A nivel regional, el contraste sigue siendo marcado. Argentina dejó de liderar el ranking mundial de inflación (superada por Venezuela y Sudán), pero aún está lejos de la estabilidad de vecinos como Brasil, Chile o Uruguay, que ostentan cifras anuales de un solo dígito. La comparación internacional sugiere que, si bien el país inició un camino de normalización, todavía convive con distorsiones estructurales y una falta de acceso al crédito que lo mantienen en una posición de fragilidad frente a eventuales shocks externos.
Hacia 2026, el desafío se desplaza de la nominalidad a la economía real. El interrogante ya no es solo cuánto subirán los precios, sino cómo se desmantelarán los controles cambiarios sin generar un nuevo salto inflacionario y cómo se reactivará la economía sin encender la maquinita de imprimir billetes. El éxito del 2025 es un punto de partida necesario, pero la verdadera prueba de fuego será transformar esta estabilidad estadística en un crecimiento que se perciba en la calle y no solo en los tableros financieros.
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