La estructura de poder que rodea a Julio Iglesias ha comenzado a resquebrajarse bajo la presión de la justicia. Tras décadas de una imagen pública blindada por el éxito y el aura de galán inalcanzable, el cantante se enfrenta hoy a una causa penal que desviste el funcionamiento interno de sus residencias en Bahamas y República Dominicana.
La denuncia, admitida formalmente por la justicia española el pasado 5 de enero, señala al artista como autor de delitos contra la libertad sexual, describiendo una dinámica de abusos y coacciones que habrían tenido lugar en 2021. La respuesta del intérprete no tardó en llegar a través de sus redes, donde calificó los hechos como “falsos” y apeló a una supuesta “maldad” de sus denunciantes, en un intento por desviar el foco de la gravedad de los cargos.
El expediente, sin embargo, no se limita a declaraciones cruzadas. La investigación fiscal se nutre de un trabajo periodístico de tres años que incluye grabaciones, fotografías y documentos que sustentarían los relatos de las dos extrabajadoras del servicio doméstico.
Según la querella, apoyada por la organización Women’s Link Worldwide, la organización interna de las mansiones operaba como un esquema de maltrato sistemático hacia mujeres en situación de vulnerabilidad económica. Esta perspectiva sitúa a Iglesias no solo como un individuo denunciado, sino como el eje de un entramado jerárquico diseñado para el sometimiento, donde incluso supervisoras de sus fincas están siendo investigadas bajo la figura de colaboradoras necesarias.