Dos tripulantes declararon ante el juez Marcelo Aguinsky que los 60 viajes a la propiedad de Pilar fueron entrenamientos. La Justicia investiga si la finca pertenece a supuestos testaferros de altos directivos de la Asociación del Fútbol Argentino.
Dos tripulantes declararon ante el juez Marcelo Aguinsky que los 60 viajes a la propiedad de Pilar fueron entrenamientos. La Justicia investiga si la finca pertenece a supuestos testaferros de altos directivos de la Asociación del Fútbol Argentino.
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky recibió la declaración testimonial de dos pilotos que operaron un helicóptero con destino a una casaquinta en Villa Rosa, Pilar. Los profesionales aseguraron que no transportaron pasajeros y que los más de 60 aterrizajes registrados en el lugar correspondieron a vuelos de entrenamiento.
La propiedad se encuentra a nombre de la sociedad Real Central, integrada por Luciano Pantano y Ana Conte. Ambos están imputados como presuntos testaferros de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ante las preguntas sobre la identidad de los ocupantes de la aeronave, los testigos manifestaron no recordar a ninguna persona y afirmaron que no reconocerían a los miembros del comité ejecutivo de la entidad deportiva.
La falta de registros oficiales dificulta la verificación de los testimonios. Durante los procedimientos policiales en la finca de 10 hectáreas, no se halló el libro de movimientos donde deben asentarse los datos de los pasajeros.
Uno de los pilotos fundamentó la ausencia de anotaciones bajo el argumento de que, al no haber personas a bordo, no existía obligación de consignar nombres. El magistrado solicitó nuevos informes a la empresa aérea para contrastar estas versiones.
A pesar de la titularidad formal de la empresa Real Central, la Justicia acumuló indicios que señalan a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, como el beneficiario de la propiedad. En los allanamientos, los efectivos secuestraron un bolso y una placa con su nombre.
Además, detectaron que Pantano utilizaba una tarjeta de crédito corporativa de la AFA para abonar peajes y gastos de mantenimiento de la quinta por montos cercanos a los 50 millones de pesos mensuales.
En el mismo expediente, el juzgado citó a un contador que avaló la compra de un vehículo Porsche valuado en 500 millones de pesos. El documento que certificaba el origen lícito de los fondos indicaba que el dinero provenía de una cuenta bancaria en Santa Fe, pero los registros contables demostraron que dicha cuenta no disponía de ese capital al momento de la operación.
El fiscal general de San Martín, Alberto Gentili, solicitó postergar hasta el fin de la feria judicial de verano la decisión sobre qué juez debe liderar el caso. El magistrado federal de Campana, Adrián González Charvay, reclamó la causa por la ubicación geográfica de los bienes.
No obstante, Aguinsky mantuvo su competencia al considerar que el origen de la posible defraudación se sitúa en la sede porteña de la asociación de fútbol.
La resolución de este conflicto jurisdiccional determinará la celeridad de las próximas medidas de prueba. La Cámara de Apelaciones deberá evaluar si el proceso continúa en el fuero penal económico o se traslada a la provincia de Buenos Aires.
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