En un fallo que prioriza la frialdad de los límites territoriales sobre la protección a las víctimas, la justicia española decidió clausurar la investigación contra Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional determinó el archivo de las denuncias presentadas por dos exempleadas del artista, no porque las pruebas fueran insuficientes, sino porque el Ministerio Público considera que España no tiene nada que ver con lo que sucede en las mansiones del cantante en el Caribe. Para el sistema judicial ibérico, el hecho de que el acusado sea español y una figura pública central de su cultura no es vínculo suficiente para garantizar un proceso en su tierra natal.
Las denuncias, que describían un patrón sistemático de agresiones sexuales y vejaciones contra empleadas jóvenes en situación de precariedad, habían sido impulsadas por la organización Women’s Link. Sin embargo, el fiscal alegó que, al ser las víctimas extranjeras y haber ocurrido los hechos en la República Dominicana y las Bahamas en 2021, la causa debe ser perseguida en esos países. Este argumento ignora la estrategia de la querella, que buscaba en la legislación española una vía de acceso a la justicia que las denunciantes, por el asimétrico poder económico y político de Iglesias, difícilmente encontrarán en tribunales caribeños.
“Los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes”, reza la resolución, en una frase que suena a deslinde institucional.
La defensa de Iglesias, de 82 años, logró imponer la tesis de que el artista es un exiliado fiscal y residencial, asegurando que “no mantiene su centro de vida” en España. Esta curiosa paradoja permite que un ciudadano nacional, que explota su imagen y marcas en el país, quede fuera del alcance de sus tribunales cuando se trata de rendir cuentas por delitos graves. La fiscalía, tras tomar declaración a las mujeres bajo la condición de testigos protegidos, optó por el camino de la menor resistencia: el archivo administrativo por falta de “vínculo territorial”.
El cierre de esta causa en Madrid deja un sabor amargo y profundiza la sensación de impunidad que suele rodear a las figuras de poder global. Al desestimar la denuncia, España no solo le da la espalda a dos mujeres que denunciaron abusos de poder bajo su jurisdicción nacional, sino que valida una suerte de “limbo legal” donde las figuras de alto perfil pueden operar sin el control de las leyes de su propio país. El mito de la canción ligera esquiva una vez más el banquillo, mientras que la justicia, en este caso, parece haber decidido que la distancia es una excusa válida para no investigar.