España expulsó al embajador de Nicaragua y a su adjunto como respuesta recíproca al desalojo previo de la delegación española en Managua. El incidente agrava la crisis diplomática y el aislamiento del régimen de Ortega, cuestionado internacionalmente por su represión política.
La tensión entre España y Nicaragua ha alcanzado un nuevo punto de quiebre tras la decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid de declarar personas no gratas al embajador Maurizio Carlo Gelli y a un colaborador cercano. Esta medida de represalia surge como respuesta directa al desalojo forzoso de Sergio Farré Salvá, jefe de la misión española en el país centroamericano, y de su segundo al mando, quienes fueron forzados a abandonar la nación este domingo por orden directa del Ejecutivo sandinista. Aunque el Palacio de Santa Cruz ha manifestado su voluntad de mantener vínculos con la ciudadanía nicaragüense, la salida de los diplomáticos, que apenas llevaban dos meses en sus puestos, evidencia el progresivo aislamiento del binomio Ortega-Murillo en la escena global.
Este nuevo roce no es un hecho aislado, sino que se suma a una lista de fricciones previas motivadas por las denuncias de Madrid sobre la vulneración de derechos civiles y el amparo brindado a opositores declarados apátridas por Managua. El régimen nicaragüense, que ha endurecido su control sobre las delegaciones extranjeras y ha expulsado a representantes de la Santa Sede, la Unión Europea y diversas agencias de la ONU, justifica estas acciones bajo la premisa de combatir la injerencia externa. No obstante, la comunidad internacional observa con alarma la denominada represión transfronteriza, mientras España reafirma su postura de protección hacia los exiliados políticos que han buscado refugio en suelo europeo huyendo de la persecución judicial y política en su país de origen.
El hecho ocurrió cerca de las 5 sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la central térmica Termo Andes, en el departamento de General Güemes.
Jacquelin señala que el Presupuesto 2027 pondrá a prueba a Milei ante desvíos económicos. El oficialismo busca sostener el superávit y la iniciativa en Malvinas, mientras pacta el calendario electoral con gobernadores aliados como Raúl Jalil.
Bancos y fintech informaron la renegociación voluntaria de miles de deudas para contener el aumento del impago. Con estas medidas, las entidades buscan frenar los proyectos legislativos que proponen regular tasas de interés e imponer refinanciaciones compulsivas.
La ANMAT prohibió la comercialización de un desinfectante de superficies por carecer de registros válidos y de implantes médicos fraguados y vencidos. El organismo alertó que ambos productos representan un riesgo severo para la salud de los usuarios.
Javier Milei encabeza una semana de trabajo enfocada en alinear a los legisladores oficialistas e impulsar la reforma electoral. El viernes viajará a Bahía Blanca por una inversión de US$ 360 millones, mientras sus ministros cumplen actividades federales.
El Tribunal Oral Federal N° 5 dictará veredicto en la causa Sueños Compartidos. Se juzga el presunto desvío de $206 millones destinados a viviendas. La fiscalía solicitó 6 años de prisión para De Vido, López y los hermanos Schoklender.
Un informe de EcoGo y la Universidad Austral reveló que la morosidad trepó al 26,6% nacional en julio, superando el 30% en 12 provincias. El deterioro afectó con mayor severidad a las entidades no bancarias, donde el impago alcanzó el 31,3%.
Una misión del FMI llegará a la Argentina el próximo lunes para revisar el cumplimiento de las metas económicas. En paralelo, el directorio del organismo evaluará en Washington cambios en sus programas, de cara a próximos vencimientos de deuda.
