España expulsó al embajador de Nicaragua y a su adjunto como respuesta recíproca al desalojo previo de la delegación española en Managua. El incidente agrava la crisis diplomática y el aislamiento del régimen de Ortega, cuestionado internacionalmente por su represión política.
La tensión entre España y Nicaragua ha alcanzado un nuevo punto de quiebre tras la decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid de declarar personas no gratas al embajador Maurizio Carlo Gelli y a un colaborador cercano. Esta medida de represalia surge como respuesta directa al desalojo forzoso de Sergio Farré Salvá, jefe de la misión española en el país centroamericano, y de su segundo al mando, quienes fueron forzados a abandonar la nación este domingo por orden directa del Ejecutivo sandinista. Aunque el Palacio de Santa Cruz ha manifestado su voluntad de mantener vínculos con la ciudadanía nicaragüense, la salida de los diplomáticos, que apenas llevaban dos meses en sus puestos, evidencia el progresivo aislamiento del binomio Ortega-Murillo en la escena global.
Este nuevo roce no es un hecho aislado, sino que se suma a una lista de fricciones previas motivadas por las denuncias de Madrid sobre la vulneración de derechos civiles y el amparo brindado a opositores declarados apátridas por Managua. El régimen nicaragüense, que ha endurecido su control sobre las delegaciones extranjeras y ha expulsado a representantes de la Santa Sede, la Unión Europea y diversas agencias de la ONU, justifica estas acciones bajo la premisa de combatir la injerencia externa. No obstante, la comunidad internacional observa con alarma la denominada represión transfronteriza, mientras España reafirma su postura de protección hacia los exiliados políticos que han buscado refugio en suelo europeo huyendo de la persecución judicial y política en su país de origen.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
