Tras intensas negociaciones, los gremios de transporte y las cámaras empresarias pactaron un incremento salarial escalonado hasta abril. El compromiso oficial de inyectar subsidios fue la llave que destrabó el conflicto, asegurando la normalidad del servicio en el AMBA.
El fantasma de una parálisis total en el transporte de pasajeros parece haberse disipado, al menos por el trimestre próximo. En una audiencia clave celebrada este viernes en la Secretaría de Trabajo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector alcanzaron un consenso que desactiva las medidas de fuerza que amenazaban con dejar a pie a millones de usuarios. El pacto establece una hoja de ruta salarial que llevará el sueldo básico de los choferes a rozar los 1,6 millones de pesos en abril.
El esquema acordado contempla subas del 1,4% para enero y del 1,3% para febrero y marzo. En términos nominales, los ingresos básicos escalarán desde los $1.389.180 en el primer mes del año hasta alcanzar los $1.545.278,25 en abril. A estos porcentajes se suman gratificaciones no remunerativas de $100.000 para enero y febrero, elevándose a $120.000 en marzo, además de un incremento progresivo en el rubro de viáticos.
La firma del acuerdo no fue un proceso sencillo ni exento de tensiones políticas. Las empresas, representadas en organismos como AAETA, mantenían una postura rígida argumentando un “estrangulamiento financiero” debido al desfasaje entre los costos operativos y las tarifas. La solución llegó desde el Palacio de Hacienda: el Gobierno se comprometió a incorporar la totalidad del dinero del aumento mediante el esquema de subsidios estatales, lo que permitió que las patronales pusieran la rúbrica final.
Sin embargo, el clima de distensión convive con un escenario de auditorías estrictas. Mientras se sellaba la paz salarial, la Secretaría de Transporte activó la retención de subsidios a empresas con irregularidades detectadas. El foco está puesto en maniobras de liquidación de boletos, con el grupo La Nueva Metropol bajo la lupa, lo que marca una nueva etapa de fiscalización sobre el sistema de compensaciones.
Este acuerdo actúa como un paliativo necesario ante una brecha que sigue abierta: según el Índice Bondi, el costo real del boleto en el AMBA se sitúa cerca de los $1.781, una cifra que dista mucho de lo que el usuario paga en ventanilla. La sostenibilidad del sistema sigue dependiendo, de forma casi umbilical, del flujo de recursos públicos en un contexto de atraso tarifario acumulado.
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