La normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del país prohíbe el uso de dispositivos móviles en el semáforo o en embotellamientos. Las multas buscan reducir la distracción, principal causa de accidentes urbanos.
La normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del país prohíbe el uso de dispositivos móviles en el semáforo o en embotellamientos. Las multas buscan reducir la distracción, principal causa de accidentes urbanos.

Una de las dudas más frecuentes entre los conductores argentinos ha sido aclarada por las autoridades viales: usar el celular mientras el auto está detenido en un semáforo o en medio de un congestionamiento es motivo de multa. Según el Código de Tránsito, la prohibición de utilizar dispositivos de comunicación no se limita únicamente al vehículo en movimiento, sino a toda la situación de “conducción activa”. Esto implica que, mientras el motor esté encendido y el conductor se encuentre en la vía pública, cualquier manipulación del teléfono que no sea a través de sistemas de manos libres es considerada una infracción grave.
El argumento de los especialistas en seguridad vial es contundente: la distracción no desaparece cuando el vehículo se frena. Al consultar el dispositivo en un semáforo rojo, el conductor pierde la conciencia del entorno, lo que suele derivar en demoras al reanudar la marcha, maniobras bruscas ante el bocinazo de otros conductores o, en el peor de los casos, atropellos a peatones o ciclistas que aprovechan el parate para cruzar. Las cámaras de fotomulta de última generación, implementadas masivamente en 2024 y 2025, ya tienen la capacidad técnica de detectar la luz de la pantalla o la postura del conductor incluso a través del parabrisas, automatizando la sanción.
En la Ciudad de Buenos Aires, el valor de esta infracción se mide en Unidades Fijas (UF), cuyo precio se actualiza periódicamente según el valor del combustible. Actualmente, las multas por usar el celular pueden oscilar entre los $30.000 y los $100.000, dependiendo de si el conductor estaba además enviando mensajes de texto o simplemente manteniendo el aparato en la mano. Además, la normativa contempla la quita de puntos en el sistema de scoring, lo que puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir en caso de reincidencia.
La única excepción permitida para manipular el teléfono es cuando el vehículo se encuentra debidamente estacionado (no simplemente detenido) en un lugar permitido y con el motor apagado. Para el uso de aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze, la ley exige que el dispositivo esté colocado en un soporte fijo que no obstruya la visión y que la ruta sea programada antes de iniciar el viaje. Con esta rigurosidad, el Gobierno busca bajar las tasas de siniestralidad vial, recordando que un segundo de distracción a 40 km/h equivale a recorrer casi 11 metros a ciegas.
La actividad en Vaca Muerta registró 2.005 etapas de fractura en julio, marcando un récord para ese mes. YPF lideró con el 53% de las operaciones, mientras Halliburton encabezó los servicios técnicos en un contexto de sostenido crecimiento energético.
Joyce Wong asumió como nueva jefa de la misión del FMI para Argentina. La economista portuguesa, con experiencia previa en el país durante el macrismo, fiscalizará el cumplimiento de las metas fiscales para destrabar desembolsos por 869 millones de dólares.
La liquidación de la obra social militar derivó en dos modelos de atención: Seguridad derivó sus afiliados a una prepaga privada, mientras Defensa busca crear un sistema propio. En tanto, persisten problemas de cobertura y reclamos en el Congreso.
Un peritaje contable no halló nexos financieros entre Sofía Clerici y Martín Insaurralde por el viaje a Marbella. Ante este resultado, la defensa de la modelo solicitó ante la Justicia de Lomas de Zamora su sobreseimiento definitivo.
El Gobierno nacional alista los pliegos para privatizar las tres líneas del Belgrano Cargas. La licitación atrae a multinacionales y agroexportadoras locales, y busca concretar el primer gran traspaso estatal para asegurar inversiones e ingresos de divisas.
La organización ultra conservadora Political Network for Values desembarcó en Buenos Aires con respaldo del Gobierno y la Ciudad. El evento impulsó la agenda provida y reavivó especulaciones sobre la adhesión de Argentina al internacional Consenso de Ginebra.
Javier Iguacel declaró en el juicio de los Cuadernos sobre los pactos ilícitos en la obra pública durante el kirchnerismo. Reveló maniobras para direccionar licitaciones y justificó sus acusaciones en la abrupta baja de costos registrada tras modificar los pliegos.
Un fallo de la Corte Suprema determinó que las prepagas no están obligadas a financiar medicamentos importados caros si existe una alternativa nacional más económica y aprobada por la ANMAT. La decisión sienta un precedente clave sobre coberturas sanitarias.