La ex Presidenta continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada enel Sanatorio Otamendi de esta capital
La ex Presidenta continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada enel Sanatorio Otamendi de esta capital
Fiscales solicitaron elevar las condenas de Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado contra Cristina Kirchner. La acusación exige reconocer alevosía y violencia política de género, argumentando que el ataque fue una ejecución a traición diseñada para disciplinar a la exmandataria.
Militantes y vecinos se congregaron frente al Sanatorio Otamendi para acompañar a Cristina Kirchner en Navidad. La expresidenta permanece internada por una peritonitis y complicaciones postoperatorias, mientras sus seguidores reclaman su libertad en medio de su actual condena judicial.
La justicia autorizó a Cristina Kirchner a utilizar la terraza de su domicilio dos horas diarias, equiparando el beneficio al patio carcelario. No obstante, mantuvo la tobillera electrónica y restringió visitas tras considerar imprudente la difusión de reuniones políticas previas.
En el Juicio Cuadernos, José López confesó que creyó que los $9 millones eran de Cristina Kirchner, actuando por temor a ella. El exfuncionario detalló el circuito de coimas de la “Camarita” y la reactivación del esquema de recaudación en 2011.
Desde su residencia, Cristina Kirchner denunció que su “proscripción” es un castigo a los millones de argentinos que representa. La exmandataria criticó el gobierno de Milei y la “negación de la realidad”, llamando a la militancia del Instituto Patria a actuar con convicción y firmeza.
Seis diputados de La Cámpora y otros tres legisladores electos del kirchnerismo defendieron la “inocencia” de la ex presidenta en el recinto.
La audiencia de este jueves será una jornada dedicada a lectura de requerimientos de la elevación a juicio de los 86 imputados.
La Fiscalía acusa a CFK de jefa de una asociación ilícita por 12 años. Se detalla que los empresarios “se beneficiaron” de los pactos venales. Continúa el jueves.
El TOF 7 retoma el juicio por Cuadernos. Cristina Kirchner escuchará la acusación de Fiscalía sobre los 204 hechos de cohecho. Habrá dos audiencias semanales.
El peso argentino se apreció 1% pese a la inestabilidad global por la guerra en Irán, desmarcándose de otras monedas emergentes. El Banco Central mantiene sus compras de divisas, utilizando la calma del dólar como ancla para frenar la inflación.
El Gobierno nacional busca superar una semana crítica marcada por la causa $Libra y cuestionamientos a Manuel Adorni. Pese a las tensiones internas y el aumento del desempleo, el oficialismo defiende su rumbo económico y atribuye las polémicas a maniobras opositoras.
Estados Unidos redujo la alerta de viaje a Venezuela del nivel 4 al 3, sugiriendo “reconsiderar” las visitas ante una mejora en la seguridad. No obstante, Washington mantiene el riesgo máximo en la frontera por la persistencia de grupos criminales.
EE. UU. aprobó ventas de armas por 16.460 millones de dólares a Emiratos Árabes, Kuwait y Jordania ante la tensión con Irán. Mediante una declaración de emergencia, el gobierno agilizó el envío de misiles, drones y radares para fortalecer la defensa regional.
Once presuntos delincuentes del grupo “Los Mayos” murieron en un operativo naval en Sinaloa. El choque armado, que incluyó la breve captura de la hija de Ismael Zambada, recrudece la guerra interna del cartel que ya suma miles de víctimas.
El gobierno de Nayib Bukele propuso aplicar cadena perpetua a menores que cometan delitos graves, endureciendo la ofensiva contra pandillas. La medida, que busca eliminar la impunidad juvenil, enfrenta duras críticas internacionales de organismos que denuncian violaciones a los derechos humanos.
La cifra de fallecidos en Líbano superó el millar tras intensos bombardeos israelíes iniciados en marzo. El Ministerio de Salud reportó 1.001 decesos y miles de heridos, afectando gravemente a menores en ataques concentrados en el sur, el este y Beirut.
El tribunal electoral de Brasil rechazó un pedido de la oposición para investigar al presidente Lula da Silva por un homenaje en el carnaval. La justicia consideró injustificada la recolección anticipada de pruebas sobre presunto financiamiento público y campaña electoral.