Miles de sudafricanos marcharon para exigir la expulsión de inmigrantes indocumentados, registrándose incidentes aislados y exhibición de armas tradicionales. El Gobierno llamó a canalizar los reclamos institucionalmente, mientras cientos de extranjeros buscan ayuda para retornar ante la violencia latente.
El Gobierno desvinculó el descuento del 55% de la tarifa social de la SUBE de los aumentos automáticos de colectivos y trenes. El beneficio se calculará sobre una tarifa de referencia fija para mejorar la previsibilidad del gasto público.
Domingo Cavallo criticó el RIGI por discriminar a las pequeñas empresas y generar desequilibrios estructurales. El economista insistió en que la clave para atraer inversiones y potenciar las exportaciones es la eliminación inmediata del cepo cambiario y los controles de capital.
La justicia investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por consumos de tarjeta que superaban su sueldo, totalizando 139 millones de pesos. La fiscalía detectó el uso de plásticos de empleados y rectificaciones sospechosas en sus declaraciones patrimoniales.
La mora en préstamos aumentó en mayo, expulsando a casi 7 millones de personas del mercado de crédito formal. Las billeteras virtuales registran un 32,2% de impagos, afectando especialmente a jóvenes, mientras el Banco Central anticipa un ciclo financiero más selectivo.
AUSA cerrará la Avenida Lugones por ocho horas desde las 22:00 para montar vigas del nuevo puente Labruna en Núñez. El tránsito liviano y pesado se desviará hacia Avenida del Libertador para permitir la ampliación del viaducto.
Morales Solá analiza a Santilli como un acróbata político que llega por la escasez libertaria para “pacificar” al país. En un contexto de caída de Milei en las encuestas y dualidad económica, su desafío será conciliar con el PRO y domar la confrontación presidencial.
El Gobierno aumentó las tarifas eléctricas de Edenor y Edesur y los impuestos a los combustibles basados en la inflación. Se mantendrán los subsidios focalizados para consumos de hasta 300 kWh mensuales, aplicando un beneficio extraordinario del 25%.
La CNEA no renovó 61 contratos administrativos, desatando protestas sindicales que requirieron la intervención de Gendarmería. Los gremios denuncian un desmantelamiento con miras a la privatización, mientras el Gobierno defendió la medida como parte del plan de optimización fiscal.
