El dueño del laboratorio HLB Pharma, principal señalado en la causa por la muerte de casi un centenar de personas, optó por no solicitar la libertad y enfrenta la investigación con firmeza.
El dueño del laboratorio HLB Pharma, principal señalado en la causa por la muerte de casi un centenar de personas, optó por no solicitar la libertad y enfrenta la investigación con firmeza.
Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, continúa detenido en el marco de la causa por la producción y distribución de fentanilo contaminado vinculado a 96 muertes confirmadas y varias más en investigación. A diferencia de otros detenidos, García Furfaro decidió no solicitar la prisión domiciliaria ni la libertad, confiando en que la investigación esclarecerá su responsabilidad.
En su declaración indagatoria del viernes pasado en los Tribunales de La Plata, García Furfaro expresó con firmeza:
“Yo me quedo a que me corten la cabeza, si es que se demuestra que tengo responsabilidad en todo esto”, dijo al magistrado Ernesto Kreplak y a la fiscal Laura Roteta, mostrando su disposición a permanecer preso mientras se esclarece su presunta implicación en el escándalo del fentanilo contaminado.
Durante su declaración, el empresario deslindó responsabilidades y señaló a su exapoderado Andrés Quinteros como responsable de la contaminación, acusándolo de sabotaje y de estar obsesionado con el fentanilo. “Yo no hice nada, las bacterias las puso otra persona”, indicó, y agregó que está siendo víctima de “una operación mediática que busca hacerme quedar como un narco”.
La extracción forense de sus dispositivos, junto a los de otros directivos y familiares, es pieza clave para la fiscalía que investiga posibles irregularidades, como el uso de insumos vencidos, deficiencias sanitarias y un supuesto esquema de ocultamiento de información. García Furfaro también criticó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por no haber alertado a tiempo sobre los riesgos y muertes vinculadas al fentanilo contaminado.
La causa, llevada adelante por el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta, ha puesto en evidencia una red de complicidades que superarían lo estrictamente técnico para incluir posibles negligencias graves y omisiones de control en la autoridad sanitaria.
El Gobierno de Javier Milei, que al principio mantuvo silencio, salió a respaldar la rápida actuación judicial y calificó la detención de “paso fundamental” para esclarecer el escándalo que conmociona al país. García Furfaro mantiene vínculos políticos y empresariales que también son objeto de análisis en la causa.
En las próximas semanas, la Justicia aguarda resultados de peritajes y nuevas declaraciones para avanzar en el procesamiento de los responsables y entender el alcance del impacto sanitario y legal derivado de este caso.
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