El exjefe de Gabinete presentó un escrito judicial para responder por la denuncia de enriquecimiento ilícito. Su defensa sostuvo que la diferencia de 43 millones de pesos señalada por la fiscalía es una brecha residual y rechazó que existan irregularidades en su patrimonio.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito formal ante la Justicia para responder a la investigación que se sigue en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. A casi tres meses de haber abandonado el Gobierno nacional, la defensa del exfuncionario sostuvo que la evolución de su patrimonio cuenta con un respaldo técnico y contable sólido.
La fiscalía estimó una inconsistencia financiera de más de 43 millones de pesos entre sus ingresos y egresos.
El escrito presentado afirma que la brecha detectada representa solo el 15,8% de los gastos totales del exfuncionario.
En la presentación judicial realizada esta mañana por el abogado Matías Ledesma, la defensa rechazó las imputaciones del fiscal Gerardo Pollicita. Según el documento incorporado al expediente, el patrimonio acumulado entre diciembre de 2023 y junio de 2026 encuentra sustento verificable en la documentación aportada.
De acuerdo con la versión de los representantes legales, no existen diferencias patrimoniales de magnitud que no puedan explicarse de manera fehaciente. La fecha original fijada para esta presentación era el pasado 26 de agosto, pero el exjefe de ministros solicitó una prórroga que venció hoy.
El eje central del dictamen promovido por el fiscal Pollicita radica en un desfase de 43.068.549 pesos detectado en las cuentas del exfuncionario. Sin embargo, los abogados defensores argumentaron que dicho monto equivale apenas al 15,8% de los egresos reconstruidos, estimados en más de 272 millones de pesos.
Asimismo, el escrito presentado precisa que la brecha representa el 18,7% de los ingresos lícitos computados, fijados en casi 230 millones de pesos. Por esta razón, la representación legal insistió en que se trata de una brecha residual y no de una desproporción manifiesta como sostiene la acusación penal.
En el escrito se enfatizó que el margen de imprecisión resulta completamente esperable al reconstruir los movimientos económicos de una familia durante dos años y medio. Según expuso la defensa, las variaciones en el tipo de cambio y vacíos en comprobantes explican de manera lógica las diferencias numéricas observadas.
Otro de los puntos álgidos de la causa judicial gira en torno a la rectificación patrimonial efectuada por el exfuncionario. Tiempo atrás, Adorni modificó sus planillas oficiales para incorporar cientos de miles de dólares que no habían sido declarados en una primera instancia.
Frente a los cuestionamientos, la defensa fue categórica al remarcar que el ordenamiento tributario incentiva la regularización espontánea de bienes. En ese sentido, fundamentaron que la legislación fiscal trata de manera benigna a quien corrige omisiones, restableciendo la exactitud de los datos ante el Estado de forma voluntaria.
“Sería sistemáticamente incoherente que una conducta expresamente incentivada por la ley tributaria se transformara, en sede penal, en indicio de la malicia que el tipo requiere”, remarcó el escrito presentado ante los tribunales federales, buscando desestimar la hipótesis de ocultamiento intencional.
La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete se concretó formalmente el pasado 27 de junio de 2026, tras un período convulsionado dentro de la gestión gubernamental. A partir de ese momento, el avance de los requerimientos judiciales aceleró los plazos para la entrega de balances patrimoniales.
Con la incorporación de esta prueba documental, la Justicia deberá determinar si dicta el sobreseimiento o si profundiza la pesquisa contable. Se prevé que durante los próximos días el fiscal del caso analice la documentación aportada por la defensa antes de expedirse formalmente.
El proceso penal continuará evaluando el flujo financiero del excolaborador presidencial a la luz de los informes periciales y las pruebas solicitadas. Por lo pronto, el escrito de la defensa busca cerrar el frente judicial despejando las dudas sobre su evolución económica.
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