La defensa argentina alegó la falta de control legal sobre los dispositivos personales de funcionarios para evitar entregar mensajes sensibles vinculados al juicio por la expropiación de YPF.
La defensa argentina alegó la falta de control legal sobre los dispositivos personales de funcionarios para evitar entregar mensajes sensibles vinculados al juicio por la expropiación de YPF.
En el marco del litigio internacional por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino presentó formalmente a la jueza Loretta Preska, del Segundo Distrito Judicial de Nueva York, una solicitud para que se reconsidere la orden que obliga al país a recolectar y entregar comunicaciones electrónicas contenidas en dispositivos móviles y computadoras de actuales y exfuncionarios públicos.
La medida vigente, dictada en julio pasado, establece que Argentina debe presentar correos electrónicos, mensajes y otra documentación electrónica almacenada en dispositivos personales vinculados con funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández. Entre los afectados figuran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor Sergio Massa.
Sin embargo, la Procuración del Tesoro de la Nación sostiene que la orden judicial no respeta un requisito legal fundamental: la autoridad estadounidense solo puede exigir la entrega de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido, condición que Argentina niega respecto a los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios.
Además, el país argumenta que, conforme al derecho nacional, dichos dispositivos son propiedad inviolable de sus titulares, y ni siquiera el propio Estado tiene acceso a su contenido sin autorización expresa, por lo que la orden no puede ser cumplida en los términos requeridos.
La controversia se inscribe en la fase conocida como “discovery” del proceso legal, donde los demandantes Burford Capital y Eton Park buscan probar la hipótesis del “alter ego”, según la cual empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Central y otras funcionan como una misma entidad con el Estado argentino, justificando así reclamaciones millonarias.
La defensa solicitó, además, que se reconsidere la orden sobre pedidos relacionados a activos argentinos que no son ejecutables, argumentando que permitir solicitudes irrestrictas vulnera precedentes judiciales relevantes y podría acarrear abusos procesales.
Mientras tanto, un fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York suspendió parcialmente la entrega de acciones de YPF, otorgando a Argentina un respiro temporal para apelar y preservar activos estratégicos.
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