La Policía de la Ciudad realizó operativos simultáneos en todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina, en el marco de una causa que investiga supuestos retornos ilegales ligados a contratos estatales.
Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevaron adelante este viernes allanamientos en todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en instalaciones de la droguería Suizo Argentina, como parte de una investigación por presuntas coimas vinculadas a licitaciones y adquisiciones de medicamentos para el sistema público.
Los operativos fueron ordenados por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes también dispusieron el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. La medida tiene como objetivo permitir a la justicia acceder a información tributaria y financiera clave para esclarecer el entramado de pagos ilegales denunciados.
La investigación se originó tras la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se sugería el pago de sobornos a cambio de favorecer a la droguería Suizo Argentina en contratos estatales. Estos audios, inicialmente descartados por el exfuncionario como fabricaciones con inteligencia artificial, luego fueron reconocidos como grabaciones reales por la propia defensa, lo que aumentó las sospechas y el interés judicial.
Durante los allanamientos, que se desarrollaron en la sede principal de ANDIS en Monserrat y en otros puntos de la ciudad, se secuestraron documentos, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. Además, se impidió la salida del país tanto a los involucrados principales como a familiares directos, mientras se bloqueó el acceso a cajas de seguridad y se consolidó una auditoría interna encabezada por el nuevo interventor designado, Alberto Vilches.
La gravedad de la causa se potencia por el volumen financiero manejado por ANDIS, con un presupuesto cercano a los 3.7 billones de pesos y una estructura con más de 900 empleados, responsable de canalizar fondos para políticas de discapacidad, salud y asistencia social.
Este episodio ha generado una fuerte repercusión política y social, ya que pone bajo la lupa la transparencia en la administración pública y la gestión de recursos destinados a sectores vulnerables. Por el momento, la justicia continúa recolectando pruebas y avanzando en la pesquisa para determinar responsabilidades.
Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la cual también solicitó “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”.
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