Eduardo Kovalivker se presentó en los tribunales de Comodoro Py y entregó su teléfono celular. La decisión del empresario ocurrió en el marco de la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Eduardo Kovalivker se presentó en los tribunales de Comodoro Py y entregó su teléfono celular. La decisión del empresario ocurrió en el marco de la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Eduardo Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para entregar su celular, conforme a la orden judicial emitida en el marco de la causa que investiga presuntos pagos ilegales vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Lo hizo acompañado de su abogado, Martín Magram, quien también representa a sus hijos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, actuales directores de la empresa. La investigación la dirige el fiscal Franco Picardi y está bajo supervisión del juez Sebastián Casanello.
Kovalivker, quien está retirado del negocio y se dedica a la escritura, manifestó confianza en que la causa despeje el “escándalo mediático” que rodea a la firma, que – dijo – “está en orden”.
Fuentes cercanas explicaron que no se había presentado antes debido a un episodio de presión alta. Sus hijos ya habían entregado sus teléfonos pero sin las claves de acceso, lo que ha complicado el avance de la investigación. La empresa Cellebrite informó que no dispone de la tecnología para desbloquear los dispositivos Samsung de última generación que permanecen bloqueados.
En simultáneo con la presentación de Kovalivker, se realizaron allanamientos en la sede de Suizo Argentina y la Agencia Nacional de Discapacidad, en busca de pruebas complementarias. Desde el lunes, el juez Casanello ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad del empresario, sus hijos y dos exfuncionarios investigados, entre ellos Diego Spagnuolo, ex titular de Andis, cuyos audios destaparon el caso cuando se lo escucha referirse a maniobras de coimas a través de la droguería.
El caso sigue bajo secreto de sumario, y las dificultades técnicas para acceder a los teléfonos mantienen abiertas dudas sobre la profundidad y velocidad de la investigación. La causa ha abierto además interrogantes sobre la relación entre sectores privados y públicos, y la necesidad de garantizar transparencia en la gestión del Estado.
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