El Ejecutivo presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por la difusión de audios privados de Karina Milei y otros funcionarios. Considera que se trata de una maniobra ilegal y planificada para desestabilizar al país en plena campaña electoral, con posibles vínculos de espionaje y manipulación política.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad y liderado por Patricia Bullrich, denunció ante la Justicia Federal una presunta “operación de inteligencia ilegal” con el fin de desestabilizar al país durante la campaña electoral vigente. La denuncia se basa en la reciente difusión de audios privados de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y otros funcionarios de la gestión.
La presentación judicial, radicada en el juzgado federal N° 10, sostiene que los audios fueron obtenidos mediante espionaje ilegal, manipulados y difundidos de manera clandestina con intenciones políticas. Esta maniobra, según el Gobierno, constituye un ataque organizado para alterar la opinión pública, influir en las variables económicas y condicionar el proceso electoral.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó a través de su cuenta en X que “no fue una filtración, fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”. La denuncia también señala posibles conexiones con figuras mediáticas y especialistas en espionaje vinculados a sectores opositores y a servicios de inteligencia extranjeros, con patrones que recuerdan campañas de desinformación de influencias rusas y chavistas.
Ante esta grave situación, el Gobierno solicitó medidas cautelares que prohíban la difusión, reproducción o circulación de los audios, y pidió la realización de allanamientos y peritajes digitales para esclarecer el origen, la edición y la cadena de custodia de las grabaciones.
La denuncia subraya la gravedad institucional de la maniobra, que afecta la soberanía popular y pone en riesgo la transparencia del debate democrático justo en el contexto de elecciones legislativas nacionales próximas.
Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la cual también solicitó “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”.
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