El juicio por el caso Solange Musse comenzó en Córdoba. Dos exfuncionarios son acusados de abuso de autoridad por impedir que el padre viera a su hija con cáncer terminal durante la pandemia. El caso que conmovió al país busca justicia.
El juicio por el caso Solange Musse comenzó en Córdoba. Dos exfuncionarios son acusados de abuso de autoridad por impedir que el padre viera a su hija con cáncer terminal durante la pandemia. El caso que conmovió al país busca justicia.

El caso que indignó y conmovió a la Argentina durante la pandemia de Covid-19 ha llegado a los tribunales. Este lunes, la Cámara Criminal y Correccional de Primera Nominación de Río Cuarto inició el juicio contra dos exfuncionarios del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Huinca Renancó. El médico Eduardo Andrada y la asistente social Analía Morales enfrentan cargos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” por haber impedido que Pablo Musse viera a su hija Solange en sus últimos días de vida. La joven, que padecía un cáncer terminal, falleció a los pocos días de los hechos, sin poder cumplir su última voluntad.
La trágica historia comenzó en agosto de 2020. Pablo Musse, acompañado por su cuñada, una mujer con discapacidad, intentaba ingresar a la provincia de Córdoba desde Neuquén para visitar a su hija. Solange, de 35 años, luchaba contra un cáncer de mama en etapa 4 y se encontraba internada en su domicilio en Alta Gracia. Sin embargo, su viaje fue interrumpido en la frontera provincial. Un test de Covid-19, que le dio un resultado positivo a Pablo Musse, fue el pretexto para negarle el ingreso.
Según la acusación del fiscal Julio Rivero, los imputados habrían desoído una directriz que existía en ese momento para casos “impostergables” como este, la cual establecía que se debía escoltar a la persona hasta el domicilio del familiar enfermo. En lugar de eso, Pablo Musse y su cuñada fueron obligados a regresar a Neuquén en un viaje de más de 1.000 kilómetros. Ocho móviles policiales, que se turnaron para escoltarlos, impidieron que se detuvieran a comprar comida o a usar un baño. “Los policías me decían que no me podía bajar ni en las estaciones de servicio a comprar comida. Tampoco para ir al baño. Hicimos nuestras necesidades en medio del camino. A nadie le importó nada”, relató Musse. El padre de Solange también señaló que, a pesar de que el COE de Alta Gracia ya estaba al tanto de su situación, en el puesto de Huinca Renancó le aseguraron que no podía ingresar a la provincia con un test positivo. Días después del calvario, un segundo hisopado le dio negativo.
Poco antes de su fallecimiento, Solange Musse logró expresar su dolor y su impotencia en una carta abierta que se difundió en un móvil televisivo. “Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona”, escribió. En su carta, la joven también se refirió al maltrato que recibieron su padre y su tía, a quienes “los trataron muy mal, los maltrataron, hicieron lo que quisieron como si fueran delincuentes”.
El caso de Solange Musse se convirtió en un símbolo de la crueldad de las restricciones impuestas durante la pandemia y del dolor que sufrieron miles de familias que se vieron separadas de sus seres queridos. Un año después de su muerte, la revelación del cumpleaños de la ex primera dama Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, un evento que se celebró en pleno confinamiento, desató una ola de indignación. “Un adiestrador de perro, un peinador, cualquiera tenía más derechos que ella y que muchas Solange que hubo en la Argentina”, lamentó su padre.
El juicio, que es presidido por el juez Daniel Antonio Vaudagna, con un jurado popular y la fiscalía a cargo de Julio Rivero, busca hacer justicia en un caso que ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva del país.
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