Ariel De Vicentis, imputado por desobediencia, estorbo y encubrimiento, habría facilitado la evasión de Jonathan Kovalivker durante allanamientos en el country de Nordelta en el marco de una investigación por corrupción.
Ariel De Vicentis, imputado por desobediencia, estorbo y encubrimiento, habría facilitado la evasión de Jonathan Kovalivker durante allanamientos en el country de Nordelta en el marco de una investigación por corrupción.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Ariel De Vicentis, jefe de seguridad del country Nordelta, por los delitos de “desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento” tras determinar que entorpeció el accionar de las fuerzas de seguridad durante una serie de allanamientos vinculados a una causa judicial que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina S.A.
El magistrado fundamentó su decisión señalando que “la celeridad y el factor sorpresa eran claves para la efectividad de las medidas” que buscaban secuestrar pruebas y documentación clave. Sin embargo, estas condiciones fueron alteradas por la conducta de De Vicentis, quien incumplió la obligación de colaborar con la orden judicial.
Las pruebas aportadas incluyen imágenes y registros del allanamiento a la vivienda de Jonathan Kovalivker, uno de los socios mayoritarios de la droguería Suizo Argentina, donde se hallaron cajas de seguridad abiertas con dinero revuelto y elementos que indicaban la remoción de activos antes de la llegada policial.
En su indagatoria, De Vicentis alegó estar de vacaciones y negó haber alertado a los Kovalivker sobre el operativo. No obstante, admitió que solicitó en un grupo de WhatsApp una copia de la orden de allanamiento, y pese a ello, la investigación apunta a que habría facilitado la fuga de Jonathan, quien logró evadir a las autoridades, mientras que su hermano fue interceptado con miles de dólares y gran cantidad de efectivo.
El caso se enmarca dentro de una investigación más amplia que se inició a partir de la filtración de audios comprometedores y que involucra a altos funcionarios y empresarios, y continúa en desarrollo mientras se analizan teléfonos, comunicaciones y movimientos financieros para determinar la extensión de la red de corrupción denunciada.
Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la cual también solicitó “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”.
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