La causa por presunto espionaje ilegal a Karina Milei pasa al fiscal Carlos Stornelli, quien pidió informes al canal streaming que difundió los audios. Rechazó allanamientos a domicilios de periodistas y busca establecer si las grabaciones fueron clandestinas o internas políticas.
El juez federal Julián Ercolini resolvió delegar en el fiscal Carlos Stornelli la investigación sobre la denuncia de espionaje ilegal contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. La causa indaga si las grabaciones filtradas fueron obtenidas mediante maniobras ilícitas o si se trata de una disputa interna.
Stornelli pidió avanzar en la obtención de informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) sobre el canal de streaming Carnaval, responsable de la difusión de los audios. Sin embargo, rechazó allanamientos a domicilios de periodistas, defendiendo la protección de las fuentes periodísticas.
El fiscal busca determinar dónde fueron grabadas las conversaciones, con hipótesis que apuntan tanto a la Casa de Gobierno como al Congreso. En su dictamen indicó que las grabaciones podrían haber sido realizadas en lugares bajo exclusiva jurisdicción del gobierno, lo que respalda la competencia judicial para investigar.
Stornelli advirtió que “no puede descartarse la ilegitimidad legal de los audios” y consideró que podrían formar parte de una “operación de inteligencia ilegal” con fines desestabilizadores, definida como clandestina y clandestinamente elaborada.
También se investigará la posible vinculación de los audios con una campaña de desinformación relacionada con sectores kirchneristas para debilitar al gobierno, aunque desde tribunales negaron que la investigación se extienda, por ahora, a la causa de coimas en ANDIS.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostiene que se trata de un espionaje ilegal grave, mientras que el fiscal actúa con prudencia para equilibrar la investigación con las garantías constitucionales.
Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la cual también solicitó “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”.
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