Una jueza federal falló a favor de Harvard, ordenando a la administración de Donald Trump entregar u$s2.200 millones en fondos de investigación. La magistrada dictaminó que la retención era ilegal y una violación de la libertad de expresión, y la calificó de un ataque ideológico.
La Universidad de Harvard ha logrado una importante victoria legal contra el gobierno de Estados Unidos. Una jueza de distrito ha dictaminado que la decisión de la administración de Donald Trump de retener 2.200 millones de dólares en fondos de investigación es ilícita, y ha ordenado que se entregue el dinero a la prestigiosa institución. El fallo, que es visto como una vindicación de la libertad de expresión y de cátedra, se produce en medio de un conflicto cada vez más intenso entre el sector académico y el gobierno republicano, publicado en El País.
El veredicto de la jueza Allison Burroughs en Boston (Massachusetts) ha respaldado los argumentos de Harvard de que las presiones del gobierno, que buscan imponer un control sobre las políticas de diversidad y las manifestaciones propalestinas, violan la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En una audiencia celebrada en julio, los abogados de la universidad, la más antigua y rica del país, habían argumentado que la congelación de los fondos no solo era ilegal, sino que ponía en peligro investigaciones cruciales para la ciencia, la medicina y la tecnología.
La jueza, que fue nombrada por el expresidente demócrata Barack Obama, ha reconocido que Harvard “erró al tolerar un comportamiento de odio durante tanto tiempo”. Sin embargo, también ha puntualizado que el gobierno de Trump “utilizó el antisemitismo como una cortina de humo para un asalto motivado ideológicamente y dirigido contra las universidades punteras de este país”. La decisión de congelar los fondos, según Burroughs, no solo viola los derechos constitucionales de Harvard, sino también la ley de Derechos Civiles y la ley de Procedimiento Administrativo, y amenaza con retrasar “décadas de investigación”.
La campaña de Trump contra Harvard se inició tras la gran movilización estudiantil contra la guerra en Gaza de la primavera de 2024. El gobierno republicano exigió a la universidad, y a otros centros educativos de élite, cambios drásticos en su política de admisión de alumnos y de contratación de personal. A pesar de las amenazas de Trump de apelar en caso de derrota, la decisión de la jueza le da a Harvard nuevos elementos de presión para llegar a un acuerdo que ponga fin a la disputa. A raíz de presiones similares, la Universidad de Columbia había aceptado contemporizar y desembolsar 221 millones de dólares para resolver su propio litigio con la administración de Trump.
El gobierno de Trump ha ido más allá de la congelación de fondos en su campaña contra Harvard. Ha amenazado con retirarle el estatus de entidad exenta de impuestos y ha investigado el dinero que recibe del exterior. Además, el Congreso, de mayoría republicana, ha aumentado el impuesto federal sobre los rendimientos del capital de la universidad, que pasaron del 1,4% al 8%, un golpe financiero que afecta directamente al endowment de la institución, el fondo permanente que financia el 40% de su presupuesto.
La jueza Burroughs ha señalado que, si bien es necesario “luchar contra el antisemitismo”, también se deben “proteger nuestros derechos, incluido el derecho a la libre expresión”. En su opinión, ninguna de estas dos cosas debe sacrificarse en aras de la otra. La decisión de la jueza, que cita una serie de acciones gubernamentales que tienen “poco que ver con el antisemitismo” y mucho con las “opiniones políticas” de la administración Trump, es un triunfo para el sector académico y una advertencia al gobierno de que no puede utilizar las instituciones educativas como un campo de batalla ideológico.
Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la cual también solicitó “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”.
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