Un tribunal de Columbia falló en contra de la Argentina por el incumplimiento del laudo del CIADI sobre una causa por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, permitiendo el rastreo de bienes a partir de este lunes.
Un tribunal de Columbia falló en contra de la Argentina por el incumplimiento del laudo del CIADI sobre una causa por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, permitiendo el rastreo de bienes a partir de este lunes.
Una jueza de los Estados Unidos autorizó a un fondo de inversión a solicitar el embargo de activos pertenecientes a la República Argentina en dicho país, en el marco del litigio iniciado por la expropiación de Aerolíneas Argentinas llevada a cabo en 2008.
La resolución fue dictada por la magistrada Jia Cobb, integrante de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en favor de la firma Titan Consortium 1 LLC, dejándola habilitada para iniciar las presentaciones judiciales.
Según lo determinado en la sentencia, aunque la causa principal tramita en los tribunales de Columbia y Nueva York, la querellante quedó facultada para requerir trabas sobre bienes argentinos situados en cualquier distrito del territorio estadounidense.
Para fundamentar la decisión de dar curso a las ejecuciones, la jueza evaluó el tiempo transcurrido desde que el tribunal reconoció el compromiso económico asumido por el Estado nacional.
En su fallo, la magistrada sostuvo que “ha transcurrido un plazo razonables tras la emisión de la sentencia” y remarcó que “en los veintiún meses transcurridos desde entonces, Argentina aparentemente no ha hecho ningún esfuerzo por pagar la sentencia”.
El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó al país a abonar 321 millones de dólares más intereses y costas procesales por la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral.
Aunque el pronunciamiento arbitral quedó firme en 2019, la falta de cancelación derivó en que Titan Consortium —firma que adquirió los derechos económicos derivados del proceso a Burford Capital— recurriera a la Justicia ordinaria norteamericana para la ejecución del cobro.
Durante la tramitación judicial, la defensa argentina solicitó dejar sin efecto las pretensiones del fondo al invocar un plazo de prescripción de tres años. Sin embargo, el tribunal desestimó el planteo al determinar que el período legal aplicable es de 12 años, reconociendo un monto actualizado que asciende a 390.907.155,55 dólares más los intereses posteriores acumulados.
Con el rechazo definitivo a la última apelación presentada por los abogados del Estado nacional, la decisión de la jueza Cobb otorga vía libre al demandante para identificar y solicitar la traba de activos estatales en el exterior, cerrando un nuevo capítulo procesal dentro de las causas por la estatización de la aerolínea de bandera.
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Gabino Tapia cuestionó el fallo de Laura de Marinis y defendió el pedido de jury contra la magistrada. Afirmó que la decisión genera dificultades para la política de seguridad.
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