Corrupción, veto digital y colapso político son algunos de los elementos que revelaron una profunda crisis política sin precedentes. La movilización, reprimida con violencia, expone las tensiones entre control digital y derechos democráticos en un país en plena convulsión.
Nepal atraviesa una crisis social y política sin precedentes, marcada por un levantamiento masivo de la juventud que logró en 24 horas la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli, tras una ola violenta de protestas donde al menos 19 personas murieron y el Parlamento quedó incendiado. Este estallido refleja la confluencia de décadas de frustración acumulada por la corrupción, la desigualdad y ahora una medida gubernamental que bloqueó decenas de redes sociales, detonante inmediato de la movilización.
El 4 de septiembre de 2025, el gobierno impuso un veto a 26 plataformas digitales, entre ellas Facebook, X (Twitter), YouTube, Instagram y LinkedIn, tras no cumplir estas con el registro obligatorio exigido conforme a una ley que regula el funcionamiento de las tecnologías de la información y comunicación. La medida oficial fue justificada bajo el argumento de ordenar el uso de redes y evitar la difusión de contenidos ilegales o desinformación. Sin embargo, para gran parte de la ciudadanía, especialmente la Generación Z, esto constituyó un acto de censura que limitaba la libertad de expresión y el acceso a herramientas clave para la comunicación cotidiana.
Este cierre digital agravó un contexto ya tenso marcado por la percepción generalizada de una clase política corrupta y nepotista. En las redes sociales había ganado masividad la etiqueta “#nepobabies”, una crítica directa a los hijos de políticos y empresarios que ostentan privilegios y bienes de lujo con fondos vinculados a la corrupción. Este símbolo canalizó el descontento juvenil frente a un sistema político cerrado, que ha alternado en el poder sin renovación ni transparencia, mientras la desigualdad crece y el empleo para los jóvenes es escaso. Cada día, más de 2000 jóvenes emigran hacia el Oriente Medio o el Sudeste Asiático, según cálculos oficiales, motivados por la búsqueda de trabajo.
Las protestas comenzaron de forma pacífica, convocadas y autogestionadas por estudiantes y jóvenes urbanos, que salieron a las calles de Katmandú y otras ciudades principales exigiendo la apertura de las redes sociales y el fin de la corrupción estructural. No obstante, la respuesta estatal fue una escalada represiva que incluyó el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y munición real contra manifestantes. La violencia se intensificó cuando grupos de jóvenes intentaron derribar barricadas en torno al Parlamento, escenario donde se registraron múltiples disparos policiales con un saldo trágico de al menos 19 muertos, entre ellos civiles y varios heridos en estado crítico.
Este episodio dejó una herida profunda en la opinión pública y desató una ola de indignación que derivó en una radicalización de la protesta. Manifestantes, no solo incendiaron el edificio del Parlamento, sino que se sumó uno de los incidentes más dolorosos en el hogar del exprimer ministro Jhalanath Khanal, figura emblemática del Partido Comunista de Nepal (UML). Su residencia en el barrio Dallu, Katmandú, fue atacada por una multitud que incendió la propiedad en medio de una serie de represalias contra líderes de diversos sectores políticos. Pero en el interior de la casa estaba su esposa, Rajyalaxmi Chitrakar, quien quedó atrapada por el fuego. Según vecinos y testigos, los manifestantes inicialmente bloquearon el ingreso de los equipos de emergencia, que sólo pudieron intervenir cuando la situación se tornó incontrolable. Rajyalaxmi fue rescatada con heridas graves por quemaduras y trasladada al Hospital de Quemaduras de Kirtipur, donde finalmente falleció horas después.
Esta movilización social pone en evidencia no solo la fragilidad política de Nepal, con 13 gobiernos desde la abolición de la monarquía en 2008, sino también un malestar económico profundamente arraigado. Casi un tercio de la juventud está desempleada o subempleada, y la pobreza afecta al 20% de la población. La diáspora sostiene gran parte del consumo interno, pero la concentración de poder y recursos en manos de pocos políticos con vínculos familiares ha minado la legitimidad y las expectativas de un cambio real.
La socióloga estadounidense Shoshana Zuboff, reconocida por su trabajo sobre el capitalismo de la vigilancia, advierte que la convergencia entre los algoritmos de las grandes tecnológicas y la gobernanza democrática está redefiniendo quién tiene el control sobre la información y el espacio público. El caso nepalí exhibe cómo las plataformas digitales, en combinación con regulaciones restrictivas, pueden devenir en plataformas de conflicto social y político.
Lo ocurrido en Nepal es el reflejo de generaciones que demandan transparencia, justicia y el fin de las prácticas clientelares y corruptas. La “revuelta de la Generación Z” cruza el reclamo por derechos digitales con la denuncia del nepotismo y el descontento social, en un país cuya estabilidad estará en juego en los próximos meses y donde la capacidad del Estado para ofrecer soluciones inclusivas resulta fundamental para evitar nuevas crisis de mayor escala.
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