La presentación de la Fiscalía de Estado salteña tiene como objetivo el reestablecimiento del pago de las 129 pensiones no contributivas por invalidez suspendidas.
La presentación de la Fiscalía de Estado salteña tiene como objetivo el reestablecimiento del pago de las 129 pensiones no contributivas por invalidez suspendidas.
La provincia de Salta, a través de la Fiscalía de Estado, denunció formalmente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia.
“La acción instruida por el gobernador Gustavo Sáenz, también solicita una Medida Cautelar y pedido de audiencia pública”, indicaron desde el la provincia.
Acusa al organismo de actuar con “arbitrariedad manifiesta” y de ejercer “destrato institucional” en la suspensión y quita de pensiones no contributivas por invalidez a beneficiarios de la provincia.
La demanda de la Fiscalía de Estado, a cargo de Juan Agustín Pérez Alsina, se fundamenta en la “suspensión masiva de 129 pensiones en julio de 2025 y las irregularidades detectadas en las auditorías de la ANDIS”.
La Provincia alega que los procedimientos fueron “arbitrarios, carentes de sustento normativo y violatorios de derechos fundamentales”, y destaca que la ANDIS se negó a proporcionar información nominal de los beneficiarios y los procedimientos detallados de las suspensiones.
La provincia pide restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez, por considerarlas “suspendidas en procedimientos arbitrarios e irregulares, con evidentes faltas de transparencia en los procedimientos aplicados por el Estado nacional, que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad extrema”.
Además, requiere el inmediato restablecimiento y pago retroactivo de las pensiones suspendidas.
También pide “medidas urgentes para garantizar un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad”.
Por último, solicita una solicita la convocatoria a una audiencia pública con participación de las partes a los fines informativos y conciliatorios.
Con esta acción judicial, la provincia de Salta busca no solo la restitución de las pensiones eliminadas de forma irregular, sino también sentar un precedente para que se respeten los procedimientos legales y los derechos adquiridos de las personas con discapacidad en todo el país.
Javier Milei iniciará una extensa gira internacional por España, Paraguay, Estados Unidos y Francia para eludir la tensión política local. El Presidente buscará inversiones tecnológicas y energéticas, asistirá a la cumbre del Mercosur y participará de festejos oficiales en Norteamérica.
El gobierno porteño licitó la instalación de baños, cafeterías y Wi-Fi en dieciséis grandes parques mediante inversiones privadas de u$s4,6 millones. El proyecto otorga concesiones por cinco años sin costos estatales, buscando mejorar la seguridad y comodidad urbana.
El PRO ratificó su autonomía y se proyecta como alternativa presidencial para 2027 tras cuestionar la gestión de Manuel Adorni. La conducción macrista busca superar internas pasadas, mientras el oficialismo advierte que una división electoral beneficiaría indirectamente al kirchnerismo.
Lula da Silva participó en la cumbre del G7 en Francia para diversificar mercados frente a los aranceles de Trump. El mandatario brasileño buscó alianzas con Japón y Europa, posicionándose como líder del Sur Global en la defensa de materias primas.
Pagni define a Adorni como el papel de tornasol de una “casta libertaria” que evade y justifica la corrupción. Detalla el “super RIGI” de impunidad en Comodoro Py y cómo el arresto de Leal hizo caer el millonario acuerdo aeroportuaria con Eurnekian.
Domingo Cavallo cuestionó la coherencia del plan económico de Milei debido a la confrontación política. El exministro reclamó eliminar impuestos distorsivos como las retenciones agropecuarias para superar la recesión, y advirtió que frenar la inversión en infraestructura es perjudicial.
El diputado argentino Juan Marino denunció la expulsión forzada de una comitiva humanitaria en La Paz, tras ser retenida por autoridades bolivianas. La delegación planeaba investigar denuncias de represión bajo la gestión de Rodrigo Paz, y recurrirá a organismos internacionales.
El Gobierno nacional eliminó mediante decreto las instancias de impugnación ciudadana previas para nominar jueces de la Corte Suprema, argumentando duplicación con el Senado. La medida quita exigencias de paridad de género y federalismo para agilizar la cobertura de vacantes judiciales.
