Organizaciones civiles reclaman ante la Justicia que se preserve el viaducto centenario ubicado entre Palermo y Colegiales, solicitando la intervención para que la Ciudad detenga la descatalogación del puente y presente el proyecto de protección patrimonial.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad y la asociación civil Basta de Demoler presentaron en las últimas horas una acción de amparo colectivo ambiental para impedir la demolición del puente Ciudad de la Paz, una estructura metálica centenaria que une los barrios de Palermo y Colegiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La medida judicial también incluye un pedido para que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) se abstenga de discutir la descatalogación del viaducto y para que el Poder Ejecutivo porteño cumpla con su obligación de enviar a la Legislatura el proyecto de ley destinado a la protección patrimonial y catalogación definitiva del puente.
Construido en 1919 por la Compañía de Tranvías Lacroze, el puente fue rehabilitado y reabierto al tránsito en marzo del corriente año tras dos años de cierre para obras estructurales. Sin embargo, meses después, la gestión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, impulsó una licitación para construir una nueva estructura con capacidad para el tránsito pesado, lo que motivó la controversia.
Organizaciones y vecinos argumentan que existen soluciones ingenieriles para conservar el puente, dada su importancia histórica, arquitectónica e ingenieril, y critican la falta de transparencia y participación ciudadana en las decisiones. Destacan que la demolición implicaría la pérdida irreparable de un bien patrimonial clave para el paisaje y memoria urbana de la ciudad.
“La omisión del Ejecutivo para enviar el proyecto limita el derecho a la participación ciudadana, y lo que se demuele se pierde para siempre”, señalaron los impulsores del amparo, que también exhibieron un informe técnico que confirma la posibilidad de rehabilitación del puente.
El apoyo profesional y social se suma a la resistencia política al proyecto de descatalogación y demolición, mientras la Justicia afronta el desafío de preservar el patrimonio cultural en una ciudad que enfrenta dinámicas de crecimiento y modernización constante.
El legislador brasileño Flávio Bolsonaro quedó impedido de salir del país este lunes en Brasilia tras entregar sus pasaportes a la Policía Federal, medida cautelar dictada por la justicia ante dichos sobre una presunta fuga tras perder las elecciones presidenciales.
La acusación en el juicio Hotesur-Los Sauces sostuvo que el 88% de la facturación de la empresa de la familia Kirchner provino de grupos vinculados a Lázaro Báez y Cristóbal López. La lectura de cargos continuará el 2 de noviembre.
El mandatario estadounidense criticó el proceso electoral brasileño en el que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso sobre Jair Bolsonaro, aunque no presentó pruebas para sostener sus afirmaciones.
Dos hermanos, de 5 y 4 años, y su primo, de 4, fueron encontrados sin vida en un reservorio de agua de Corzuela, Chaco. La Fiscalía N° 3 de Charata investiga las circunstancias del hecho y ordenó autopsias para establecer la causa de muerte.
De cara al cierre del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, el Ejecutivo fijó aumentos arancelarios de hasta 3% para noviembre y diciembre en escuelas privadas con aporte estatal, mientras los directivos alertan sobre desfinanciamiento.
Tras superar rápidamente sus problemas de salud, el Sumo Pontífice se prepara para una gira histórica por Sudamérica. En una entrevista exclusiva, el reconocido periodista vaticanista Tito Garabal analiza el perfil diplomático del nuevo Papa, las diferencias con sus antecesores y el fuerte llamado a la comunión nacional.
Tras la indagatoria judicial de este lunes en los tribunales porteños, la jueza levantó la perimetral que impedía a Facundo Moyano acercarse a Candela Arizaga. No obstante, la investigación penal por lesiones y privación de la libertad seguirá abierta.
El financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia continuará detenido tras incumplir las reglas de su libertad condicional. La Justicia le denegó el arresto domiciliario y amplió la acusación por lavado de dinero tras detectar la compra de una propiedad por USD 500 mil en efectivo.
