La acusación en el juicio Hotesur-Los Sauces sostuvo que el 88% de la facturación de la empresa de la familia Kirchner provino de grupos vinculados a Lázaro Báez y Cristóbal López. La lectura de cargos continuará el 2 de noviembre.
La acusación en el juicio Hotesur-Los Sauces sostuvo que el 88% de la facturación de la empresa de la familia Kirchner provino de grupos vinculados a Lázaro Báez y Cristóbal López. La lectura de cargos continuará el 2 de noviembre.
Los Sauces recibía más fondos ilícitos que legítimos, según la acusación leída este lunes en el juicio oral que se sigue a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al diputado nacional Máximo Kirchner, entre otros imputados.
El Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, suspendió la lectura del requerimiento fiscal hasta el lunes 2 de noviembre a las 10. Luego continuará con la acusación de la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques describieron a Los Sauces como un presunto mecanismo de reciclaje de activos. Según la acusación, la sociedad incorporó propiedades, terrenos y hoteles para luego alquilarlos a empresas de los grupos Báez e Indalo.
Para los acusadores, esos contratos permitían ingresar dinero con la apariencia de una actividad inmobiliaria habitual. La fiscalía sostiene que los bienes alquilados resultaban innecesarios para las empresas o estaban por encima de los valores de mercado.
Los Sauces se creó el 7 de noviembre de 2006 con un capital de $100.000. Sus accionistas eran Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con el 45% cada uno, y Máximo Kirchner, con el 10%. El diputado ocupó la presidencia de la firma.
Los peritos contadores reconstruyeron la facturación de Los Sauces entre enero de 2009 y marzo de 2016. Según la acusación, la empresa facturó $25.968.042,30 por alquileres de propiedades y hoteles.
Las empresas del Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, habrían aportado el 65% de esos ingresos. Las compañías del Grupo Báez representaron el 23%. En conjunto, ambos grupos concentraron el 88% de la facturación.
Los inquilinos sin vínculo con esos conglomerados aportaron apenas el 12%. Por ese motivo, la fiscalía afirmó que a la sociedad ingresaban más fondos ilícitos que recursos generados por su propia actividad inmobiliaria.
Según el requerimiento, de Los Sauces se retiraron más de $10 millones. De la cuenta de Néstor Kirchner y, posteriormente, de sus herederos salieron $4,6 millones; Cristina Fernández retiró $2,1 millones y Máximo Kirchner, $2,5 millones.
La acusación también señaló irregularidades en el funcionamiento de la firma. Según los fiscales, Los Sauces no tuvo una sede social real ni personal dedicado a la intermediación inmobiliaria.
La sociedad registró tres domicilios en Río Gallegos, pero la acusación sostuvo que en ninguno funcionó efectivamente. Dos correspondían a estudios contables y el tercero al domicilio particular de Máximo Kirchner.
Además, la fiscalía indicó que la empresa no tuvo empleados entre 2006 y mayo de 2010. Luego incorporó a Ramón Ángel Díaz Díaz, jardinero personal de la expresidenta, y en 2015 a Florencia Kirchner, quien fue sobreseída y no integra el juicio actual.
Los libros contables también fueron cuestionados. La acusación mencionó tachaduras, folios anulados, asientos no correlativos y registraciones de fecha anterior a la rúbrica de los libros.
Para la fiscalía, el dinero que llegó a Los Sauces provenía de la defraudación al Estado a través de la obra pública vial en Santa Cruz asignada a empresas de Lázaro Báez. En el caso del Grupo Indalo, la acusación apunta a contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos otorgados a López y de Sousa.
Los fiscales vincularon el expediente con la causa Vialidad, en la que Cristina Fernández de Kirchner y Báez recibieron condenas firmes de seis años por fraude. La presente causa investiga, en cambio, el presunto lavado de activos de esos fondos mediante la actividad inmobiliaria y hotelera.
Una vez concluida la lectura de las acusaciones fiscal y querellante, comenzarán las declaraciones indagatorias. El debate continuará con varias audiencias previstas para noviembre y diciembre.
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